Buenaventura en pos paro cívico y la Procuraduría
De la toma anticorrupción a un fortalecimiento de las instituciones públicas y civiles.
Han pasado más de 100 días desde el anuncio del procurador Fernando Carrillo de una toma anticorrupción de Buenaventura. En la mitad, ocurrió el largo paro cívico de la ciudad, en cuya resolución jugó un rol muy importante la Procuraduría como garante, junto con Naciones Unidas. ¿En qué cambió la situación el paro cívico?
Antes del paro, el foco estaba en las denuncias de corrupción de la administración distrital. Ahora, en el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional. Antes, la clase dirigente del país podía ver como “normal” la situación de problemas endémicos. Ahora, Buenaventura se volvió un riesgo “anormal” para la economía. Y evitar otro paro, que pone los pelos de punta, depende del Gobierno central.
Que sufrió la derrota más importante con la narrativa que quedó, la de “el pueblo no se rinde, carajo” (ver dos canciones emblemáticas, 1 y 2), que acalla las aproximaciones analíticas sobre los logros y los costos del paro cívico. Por la debilidad del Gobierno, se perdió una oportunidad de repartir correctamente las responsabilidades entre el distrito, el departamento, la nación, el sector privado, la sociedad civil.
La Procuraduría, sin embargo, es hoy la institución nacional con mayor convocatoria en la ciudad y puede ayudar bastante en el pos paro cívico. Una manera es convertir su promesa de un “comité anticorrupción para Buenaventura” en un empoderamiento de instituciones de la sociedad civil, incluido el comité de paro, que contribuya a prevenir la malversación de recursos públicos (el presupuesto anual de la ciudad supera el medio billón de pesos). Lo convoca y no tiene que hacer parte de él.
La ciudad necesita iniciativas permanentes de la sociedad civil como un “Buenaventura, Cómo Vamos”, para hacer seguimiento a la gestión pública y a la calidad de vida, y como “Buenaventura Visible” para mayor control público de la democracia local. Estas no serán posibles sin el apoyo del sector portuario, de la Cámara de Comercio local, de instituciones del empresariado vallecaucano, de universidades regionales y de la responsabilidad social de grandes compañías del país.
Ciertamente, la noción de “toma anticorrupción” funciona en los titulares de prensa, pero es muy difícil de aplicar en la realidad. Más fértiles suenan otras ideas del procurador: “alianza público-privada para combatir corrupción, territorializar esta lucha y promover cambio cultural para fortalecer lo público”. Si Carrillo quiere poner en práctica estas ideas en Buenaventura, tendrá que ir más allá de lo que ha hecho la Procuraduría en estos tres meses largos. Puede usar su capacidad de convocatoria para impulsar un entorno afín a las funciones de los organismos de control.
El paro cívico fue un hecho extraordinario que merece un análisis a profundidad, comenzando por su reconstrucción detallada. El comportamiento del Esmad debe ser aclarado; el saqueo del 19 de mayo, visto en sus diferentes dimensiones; la injerencia de actores armados ilegales, establecida; el proceso de negociación mismo, estudiado, al igual que los acuerdos firmados y las visiones que reflejan. Para el componente académico e intelectual de este enorme reto, las instituciones universitarias locales no pueden solas. Tomarse en serio como país lo que pasó y pasa en Buenaventura también implica que el Gobierno Nacional pague investigaciones multidisciplinarias del más alto nivel.
Por ahora, esta es la columna de seguimiento trimestral que ofrecí en “Procurador, sobre la 'toma' anticorrupción de Buenaventura” (8 de abril de 2017).
De la toma anticorrupción a un fortalecimiento de las instituciones públicas y civiles.
Han pasado más de 100 días desde el anuncio del procurador Fernando Carrillo de una toma anticorrupción de Buenaventura. En la mitad, ocurrió el largo paro cívico de la ciudad, en cuya resolución jugó un rol muy importante la Procuraduría como garante, junto con Naciones Unidas. ¿En qué cambió la situación el paro cívico?
Antes del paro, el foco estaba en las denuncias de corrupción de la administración distrital. Ahora, en el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional. Antes, la clase dirigente del país podía ver como “normal” la situación de problemas endémicos. Ahora, Buenaventura se volvió un riesgo “anormal” para la economía. Y evitar otro paro, que pone los pelos de punta, depende del Gobierno central.
Que sufrió la derrota más importante con la narrativa que quedó, la de “el pueblo no se rinde, carajo” (ver dos canciones emblemáticas, 1 y 2), que acalla las aproximaciones analíticas sobre los logros y los costos del paro cívico. Por la debilidad del Gobierno, se perdió una oportunidad de repartir correctamente las responsabilidades entre el distrito, el departamento, la nación, el sector privado, la sociedad civil.
La Procuraduría, sin embargo, es hoy la institución nacional con mayor convocatoria en la ciudad y puede ayudar bastante en el pos paro cívico. Una manera es convertir su promesa de un “comité anticorrupción para Buenaventura” en un empoderamiento de instituciones de la sociedad civil, incluido el comité de paro, que contribuya a prevenir la malversación de recursos públicos (el presupuesto anual de la ciudad supera el medio billón de pesos). Lo convoca y no tiene que hacer parte de él.
La ciudad necesita iniciativas permanentes de la sociedad civil como un “Buenaventura, Cómo Vamos”, para hacer seguimiento a la gestión pública y a la calidad de vida, y como “Buenaventura Visible” para mayor control público de la democracia local. Estas no serán posibles sin el apoyo del sector portuario, de la Cámara de Comercio local, de instituciones del empresariado vallecaucano, de universidades regionales y de la responsabilidad social de grandes compañías del país.
Ciertamente, la noción de “toma anticorrupción” funciona en los titulares de prensa, pero es muy difícil de aplicar en la realidad. Más fértiles suenan otras ideas del procurador: “alianza público-privada para combatir corrupción, territorializar esta lucha y promover cambio cultural para fortalecer lo público”. Si Carrillo quiere poner en práctica estas ideas en Buenaventura, tendrá que ir más allá de lo que ha hecho la Procuraduría en estos tres meses largos. Puede usar su capacidad de convocatoria para impulsar un entorno afín a las funciones de los organismos de control.
El paro cívico fue un hecho extraordinario que merece un análisis a profundidad, comenzando por su reconstrucción detallada. El comportamiento del Esmad debe ser aclarado; el saqueo del 19 de mayo, visto en sus diferentes dimensiones; la injerencia de actores armados ilegales, establecida; el proceso de negociación mismo, estudiado, al igual que los acuerdos firmados y las visiones que reflejan. Para el componente académico e intelectual de este enorme reto, las instituciones universitarias locales no pueden solas. Tomarse en serio como país lo que pasó y pasa en Buenaventura también implica que el Gobierno Nacional pague investigaciones multidisciplinarias del más alto nivel.
Por ahora, esta es la columna de seguimiento trimestral que ofrecí en “Procurador, sobre la 'toma' anticorrupción de Buenaventura” (8 de abril de 2017).