Son más los beneficios de entregar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a las comunidades educativas.
El actual modelo del PAE, propenso a la corrupción, recibió su última oportunidad hace justamente dos años por parte del Ministerio de Educación, cuando se presentó un “nuevo modelo”. Después de eso, la historia de escándalos y problemas del servicio no cambió.
Lo último sabido es niños de Santander comiendo durante meses carne de burro tratada con químicos. Claramente, perdió su última oportunidad el diseño vigente del PAE y, de paso, sumó otro símbolo de corrupción a la indignación ciudadana.
Me permito recordar que como coordinador técnico y cabeza del empalme para el sector educativo del entrante gobierno Duque propuse, en el resumen ejecutivo, un cambio real del PAE. En la terminología que Carlos Enrique Moreno promovió en el empalme, era uno de “tres game changers”.
“Descentralizar el PAE a nivel de institución educativa”, esto es, en lugar de girar miles de millones de pesos a los operadores (agradecidos con el dador del contrato jugoso), girar lo correspondiente a cada institución educativa y organizar la operación de abajo hacia arriba.
Y allí donde se requiera economía de escala, la institución educativa escoge el proveedor u operador habilitado (por Colombia Compra Eficiente, se ha dicho). A ver qué rector y comité de padres de familia mantiene durante un año a un proveedor de carne dura y sospechosa.
En el actual modelo, les entregan a los operadores colegios y niños cautivos, que deben soportar raciones incompletas y poco saludables con demasiada frecuencia, lo que queda después de las comisiones que se reparten y de la falta de ética. En el PAE propuesto, es el colegio el que elige al operador y le renueva el contrato.
Sin corrupción, la plata alcanzaría para hacer cocinas y comedores escolares y servirles la comida “caliente” a los niños. En municipios pequeños, la gran mayoría del país, bastarían las compras locales y encargar madres y padres de familia a cambio de unos honorarios. Ciertamente, funciona más y a tiempo el control social por la comida de los hijos que el control fiscal de la Contraloría.
Dada la escasa capacidad administrativa de las instituciones educativas, la figura del operador podría suplir esas debilidades, siempre bajo requerimientos del rector. Las madres de familia contratadas para la operación serían postuladas por el comité escolar de alimentación escolar. Necesitamos revitalizar las comunidades educativas y sería saludable que haya competencia por integrar este comité.
Hoy, con la necesidad apremiante de una reactivación económica que promueva ingresos localmente, diríase que descentralizar el PAE a nivel de institución educativa es todavía más oportuno.
Hace dos años largos esgrimí un argumento de cambio cultural: corresponsabilidad de los padres de familia, todos los niños en el comedor (universalización con gratuidad diferenciada, como Costa Rica), compromiso con PAE saludable y alineación de cafeterías escolares.
Diseños institucionales que muevan la “base de la pirámide” en un sentido con valores. Eso es “cambiar el juego”. Por eso he insistido en al menos cinco columnas en los últimos tres años.
