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Opositores e independientes podrían preparar desde ya los tres ingredientes necesarios.
El presidente Petro quiere presentar al Congreso una reforma de educación superior el 20 de julio, no importa si en el intento precipitado el Ministerio de Educación se debilita todavía más y la propuesta resultante no es bien recibida en el sector y el país.
La urgencia política es por tener una bandera que movilice a los estudiantes, en “asambleas” y en las calles, no importa qué pase después, típicamente. Veremos si encuentran esa bandera (populista, obviamente) o si vuelven sobre la gratuidad universal (¿para los posgrados?).
Este Gobierno definió que su prioridad sectorial es la educación superior, aunque la realidad indica que debería ser atender las pérdidas de aprendizaje en la educación básica por el COVID-19, que se sumaron al grave problema de calidad educativa que arrastramos. Sin embargo, ese lastre o esa falla en la vida de millones de niños y adolescentes no es un tema sexi para la conversación con su aliado Fecode.
El asunto es que en su prioridad tampoco está preparado. Pasó también con los últimos gobiernos porque los precarios partidos no tienen programas. Las campañas presidenciales arman las propuestas de forma autónoma y luego el mandatario nombra a un ministro de Educación que baraja las prioridades.
Con Petro fue distinto: Alejandro Gaviria claudicó y Aurora Vergara solo puede obedecer. De modo que sabemos que los sesgos ideológicos del presidente dominarán lo que proponga el Ministerio de Educación. Así, es claro que los partidos de oposición e independientes tienen la responsabilidad de evitar estropicios en el subsector.
Lo que no resulta claro es qué se debe hacer para cuando termine este periodo, con el fin de no repetir la situación de un gobierno que llega sin saber cómo adelantar la (gran) reforma educativa que necesitamos. Si de la coalición de opositores e independientes saldrá el próximo presidente, ahí está la respuesta. Esa coalición debe preparar desde ya la reforma educativa, que necesariamente será de largo plazo.
Dice Jaime Saavedra, exministro de Educación peruano y actual director de Práctica Global de Educación del Banco Mundial, que son tres los ingredientes para una reforma educativa exitosa o sostenible: i) políticas o programas razonablemente bien diseñados, ii) capacidad de implementación de las instituciones a cargo y, por tanto, de las personas que en ellas trabajan, y iii) alineamiento político alrededor de la implementación de los distintos aspectos de la reforma educativa, de modo que la acción de todos los actores relevantes esté permanentemente centrada en los aprendizajes de los estudiantes.
Normalmente, no habría razones para creer que varios partidos trabajarán coordinadamente en un tema programático y menos con tres años de antelación, pero el Gobierno Petro, con sus radicalismos, ha logrado revalorizar las coincidencias ideológicas y pragmáticas de la centroizquierda a la derecha y hacer notar las enormes diferencias con la izquierda populista.
No es descabellado, entonces, pensar que la reforma educativa puede servir de laboratorio de puntos comunes estructurados de una coalición para 2026, con avances legislativos en este periodo y preparación de una tecnocracia sectorial multipartidista, que eleve la prioridad política de la educación y sirva de ejemplo para otros sectores.
