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Tuvieron que decirle en público al gobierno los requisitos de un aumento de cupos responsable y con calidad.
El desarrollo sostenible que trae amplio bienestar en cualquier país necesita un sistema de educación superior robusto y eficiente, y dentro de este, unas instituciones que lo lideren. Pongamos que en Colombia serían de diez a 12 esas instituciones, a través de las cuales el Estado y el sector privado jalonarían unos propósitos de país, incluyendo tener más universidades líderes en distintos campos.
Pues bien: el 11 de abril, las cuatro universidades públicas más grandes e importantes sacaron una “Declaración de principios sobre cobertura responsable y con calidad”. Tratándose de cuatro de las diez o 12 que necesitamos para los retos vertiginosos de esta época, hay que prestar atención.
Lo obvio de la declaración es que va dirigida al gobierno con un mensaje de baño de realidad: “no están ni tibios con la meta de aumento de cobertura. Así no se hace”. Que tras ocho meses de mandato estas universidades le digan en público al Ministerio de Educación los requisitos de una “ampliación de cobertura responsable y de calidad” muestra una doble falla:
i) Que solamente han escuchado lo que quieren oír, esto es, a las universidades regionales que dominan el Sistema Universitario Estatal (SUE), bastante dadas a la subordinación interesada, en lugar de acudir también a las grandes, más dadas a la independencia.
ii) Poca “gobernabilidad” del subsector, que imaginarán se logra a punta de reuniones en Casa de Nariño y de peroratas del presidente. Se creó la situación en la que las 4G estimaron necesaria la declaración, y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) no lo anticipó y no pudo convertirla en rueda de prensa conjunta para disminuir el golpe.
El SUE no va a salir a contradecir esto: “Al ambicioso reto del gobierno nacional no podría responderse con la preparación de cohortes basada en un menor valor de la matrícula, dejando de lado las condiciones de formación integral de calidad y las necesidades de impacto territorial”. Así que la conversación tendrá un nuevo comienzo.
Cuando quería rivalizar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030), el hoy presidente prometía que “el 80 % de la juventud pueda acceder a la educación superior (ES)”. Esa meta con el concepto que maneja de ES resultaría inconveniente, pero con una visión de educación post-media podría ser viable y conveniente, con más certificaciones que diplomas, con más educación dual y politécnicos (repensando el Sena), cuyo éxito dependerá en buena medida de la reforma de la educación media (grados 10 y 11) y de reducir la informalidad empresarial. Todos asuntos donde no sirve el populismo.
Endulzado el oído de los rectores de las 4G, como hace el SUE con el presidente, dos cosas que les pueden congelar la sonrisa: i) de las diez o 12 universidades que el país necesita empoderar para que nos jalonen el conocimiento y la creatividad que impulsan el desarrollo, la mitad probablemente sean privadas, con una mezcla adecuada de competencia y cooperación en un verdadero sistema mixto de educación superior; y ii) es posible llegar a una metodología de “per capitación” que reconozca las complejidades institucionales y al tiempo permita avanzar en eficiencias, atada a estímulos de las transferencias de la nación, pues el liderazgo del sistema también implica auto-crítica y algo de valor civil para los retos de la gobernabilidad interna de las universidades.
