Cuatro cosas que el próximo gobierno no debería repetir en la negociación colectiva.
Se conoció el acta final del acuerdo colectivo de la Mesa Sectorial de Educación 2025 firmado entre el Ministerio y nueve sindicatos (Fecode, Aspu, Sintraunicol, Sintrenal, Usdidea, Sindodic, Fendidoc, Fedetco y Utradec). En cuatro puntos quisiera mostrar que el próximo gobierno debería negociar de modo distinto el pliego de 2027.
Primero: no negociar la política educativa. Según el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, las materias de negociación son “las condiciones del empleo”. Expresamente dice que no son objeto de negociación “las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado”. Sin embargo, los sucesivos gobiernos atan aspectos cruciales de la política pública educativa en los acuerdos colectivos, como veremos en seguida. El acuerdo 12 involucra la reforma al sistema de educación superior, por ejemplo.
Segundo: no comprometerse a la estatización total de la educación pública. El acuerdo del punto cuatro dice que “el derecho a la educación debe ser garantizado en las instituciones educativas oficiales, es decir, con docentes y directivos docentes oficiales, personal administrativo y en infraestructura oficial”. Y van más allá: acuerdan tener un plan para “garantizar al Estado la administración directa de la educación pública (…) donde exista insuficiencia” y hoy sea necesario contratar con terceros. Es sencillo: esa no debe ser materia de negociación. Y el Estado no debería renunciar a otros modelos de gestión de la educación pública, como los colegios en administración privada (sin fines de lucro), que con una pequeña participación pueden tener efectos sistémicos positivos.
Tercero: no mantener desligado el mérito para ascenso y reubicación salarial del logro de aprendizaje estudiantil. El acuerdo del punto 8 versa sobre las “gestiones necesarias para obtener los recursos presupuestales”, sin osar meterse con la evaluación docente, perpetuando lo que tenemos. Vale aclarar: el aprendizaje estudiantil se mediría en el nivel de la institución educativa, no de los estudiantes de un profesor en particular. Y a diferencia del ensayo del ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa), habría que darle más peso a factores distintos de las pruebas Saber y a capturar la línea base de conocimiento y competencias de los estudiantes para valorar el aporte de la institución. Como dejamos de hacer las pruebas Saber de grados inferiores, les parecerá raro este enfoque al Ministerio y a los sindicatos firmantes.
Cuarto: no eludir o encubrir problemas críticos de las universidades estatales. El acuerdo 10 del capítulo 2 le sigue dando largas a la corrección de la vena rota del Decreto 1279 de 2002 (régimen salarial y prestacional), que paga con puntos salariales de por vida las publicaciones de los docentes, en lugar de reconocer una única bonificación, como en las universidades privadas. Y el acuerdo 4 pide que se garantice el derecho a la protesta pública y pacífica, como si ese fuera el problema y no la protesta coercitiva y violenta, que afecta el estudio y el trabajo.
Ciertamente, este gobierno estaba “consensuando”, no negociando con los sindicatos, pero gobiernos anteriores hicieron lo mismo. Entre otras razones, porque el Ministerio es débil técnicamente, está atrapado en un marco de pensamiento y no tiene inteligencia estratégica (para defender el interés general).
