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El Tiempo publicó un artículo de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, titulado “Construyamos consensos y un nuevo capítulo de la educación en Colombia”. La invitación es una oportunidad para aclarar primero conceptualmente la cuestión de los consensos. Como base, la definición de la Real Academia Española: “Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”.
Hay consensos sociales (lo que el público quiere), técnicos (lo que se puede hacer) y políticos (lo que ofrecen hacer), y la relación entre ellos con frecuencia no es amigable. La situación ideal ocurre cuando los tres tipos de consensos están bastante alineados, normalmente porque existe un liderazgo político responsable y fuerte que moldea el consenso social y estimula la innovación en el consenso técnico.
Del artículo de la ministra se colige que el Gobierno prioriza los consensos sociales o que estos son los únicos que tiene en mente. Por ejemplo, anota que los dos proyectos de ley en fase de socialización (estatutaria del derecho fundamental a la educación y reforma de la Ley 30 de 1992 para consagrar la educación superior como derecho fundamental) “surgieron de un proceso de participación ciudadana (…) habilitando espacios de diálogo y concertación con los movimientos estudiantiles y profesorales, sindicatos y trabajadores”.
El Gobierno ha dedicado mucho tiempo y energías a reforzar el consenso social y destaca que ha escuchado “a más de 22.000 personas”. Agrega que “también ha sostenido espacios con diferentes agremiaciones del sistema mixto; rectores del SUE, la RedTTU, Ascun, Aciet, Asiesca, Acesad, diversas universidades privadas, congresistas, académicos y personas expertas en diferentes campos”. No dice que con estos actores, muy importantes para el consenso técnico, haya hecho “concertación”.
Como era de esperar, un Gobierno que llegó a pensar que la votación de la elección presidencial implicaba que el Congreso le aprobara sin más las reformas quiere ahora que le respalden el consenso social (secuestrado por los grupos político-ideológicos y de intereses estamentales de la educación), cuando en un año ha despreciado el consenso técnico y el político. Básicamente, hizo las cosas al revés y no lo nota.
Aunque suelen suceder de forma simultánea, un Gobierno reformista pragmático le daría prioridad a la construcción de consenso político y técnico, que están entrelazados, y buscaría apoyo social para lo posible, que puede ser un cambio grande, con secuencias. Pero eso de ir a enardecer las bases sociales con más promesas y luego pretender que los actores políticos y los gremiales subsectoriales les caminen es muy tierno.
Además, el Gobierno ignora consensos fundamentales que tenemos sobre la educación (y esa calidad de “fundamental” combina apoyo técnico, político y social) porque no cuadran con su ideología o sus decisiones de política pública. Por ejemplo, ignora el consenso fundamental sobre priorizar la educación inicial por sus efectos en equidad y productividad. Eso, de entrada, lo pone con el pie izquierdo ante más de medio mundo.
Dice que el proyecto de ley estatutaria busca “regular de manera progresiva el derecho fundamental a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior” y al tiempo presenta un proyecto de ley que pone toda la prioridad política y presupuestal en la educación superior. Será tan evidente la contradicción práctica, que anota que “la reforma de la Ley 30 de 1992 busca continuar consolidando el sistema de educación superior”, cuando el contenido se refiere a la mitad de la oferta. Así se expone a la burla o a indignación.
Lleva décadas construir, madurar, evolucionar consensos o acuerdos fundamentales, y ahora queremos unos nuevos en cuestión de semanas o meses. Aunque debemos agradecer que lo digan, pues el presidente quería que radicaran “la reforma educativa” el pasado 20 de julio. Así estamos.
@DanielMeraV
