La actual mentalidad de derechos obstruye una economía productiva de alto recaudo tributario.
El reciente uso frecuente de la noción de “contrato social” es una profundización de la comprensión dominante que tenemos, no una revisión, como se sugiere.
En esencia, nuestro contrato social consiste en muchos derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que se van entendiendo como fundamentales o inherentes, y pocos deberes concomitantes, exentos de esfuerzo de los titulares.
Alguna vez (Sentencia T-207/95), la Corte Constitucional dijo que “por regla general, los derechos de prestación son derechos programáticos, debido a que exigen un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado que sólo se puede realizar con la debida planeación y arbitrio de recursos”.
Ponía así la Corte énfasis en la implementación de los derechos, aunque sin llamar la atención sobre la corresponsabilidad. 25 años después, algunos DESC han devenido culturalmente en derechos subjetivos, por el hecho de existir, y se reclaman con barricadas.
Con el orden público seriamente afectado, se acude a la solución de ordenar más gasto social, pero el Estado, débil, está al borde de una crisis fiscal. Estructuralmente, además, no hay una economía que permita el recaudo tributario necesario para cumplir los derechos reconocidos.
La Constitución, el contrato social, ya tiene un compromiso reiterado con la igualdad, que es un reclamo en esta crisis. Y los DESC son el recurso constitucional para la “realización de la igualdad material” (básica). Por eso no están pidiendo cambiar la Constitución, como en Chile.
Es cierto que se puede mejorar el contrato social por el lado de los derechos en la política pública, como ha propuesto Fedesarrollo. Asegurar a los hogares contra los riesgos de pobreza, enfermedad, desempleo y desprotección en la vejez es un reto necesario, pero difícilmente realizable sin una economía productiva y sin autorresponsabilidad.
Y no vamos a tener una economía productiva con la actual mentalidad de los derechos, que está asociada a una animadversión hacia los mercados, la empresa privada y la competencia. Si no logramos establecer el principio de autorresponsabilidad en los derechos económicos y sociales, careceremos del espíritu y la energía colectiva de una economía que permita alto recaudo para financiar los derechos.
Pero, así como es preciso intervenir la relación ciudadano-Estado, hay que reinventar la relación ciudadano-mercado, es decir, rediseñar el capitalismo colombiano para darles más y verdaderas oportunidades a los que no tienen capital.
Sencillamente, el capitalismo que tenemos no sería capaz de absorber la energía colectiva de un espíritu renovado de gente industriosa e innovadora. Estamos en un círculo poco virtuoso entre cultura, educación, diseño institucional y economía. El “contrato social” subyacente.
La actual mentalidad de derechos obstruye una economía productiva de alto recaudo tributario.
El reciente uso frecuente de la noción de “contrato social” es una profundización de la comprensión dominante que tenemos, no una revisión, como se sugiere.
En esencia, nuestro contrato social consiste en muchos derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que se van entendiendo como fundamentales o inherentes, y pocos deberes concomitantes, exentos de esfuerzo de los titulares.
Alguna vez (Sentencia T-207/95), la Corte Constitucional dijo que “por regla general, los derechos de prestación son derechos programáticos, debido a que exigen un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado que sólo se puede realizar con la debida planeación y arbitrio de recursos”.
Ponía así la Corte énfasis en la implementación de los derechos, aunque sin llamar la atención sobre la corresponsabilidad. 25 años después, algunos DESC han devenido culturalmente en derechos subjetivos, por el hecho de existir, y se reclaman con barricadas.
Con el orden público seriamente afectado, se acude a la solución de ordenar más gasto social, pero el Estado, débil, está al borde de una crisis fiscal. Estructuralmente, además, no hay una economía que permita el recaudo tributario necesario para cumplir los derechos reconocidos.
La Constitución, el contrato social, ya tiene un compromiso reiterado con la igualdad, que es un reclamo en esta crisis. Y los DESC son el recurso constitucional para la “realización de la igualdad material” (básica). Por eso no están pidiendo cambiar la Constitución, como en Chile.
Es cierto que se puede mejorar el contrato social por el lado de los derechos en la política pública, como ha propuesto Fedesarrollo. Asegurar a los hogares contra los riesgos de pobreza, enfermedad, desempleo y desprotección en la vejez es un reto necesario, pero difícilmente realizable sin una economía productiva y sin autorresponsabilidad.
Y no vamos a tener una economía productiva con la actual mentalidad de los derechos, que está asociada a una animadversión hacia los mercados, la empresa privada y la competencia. Si no logramos establecer el principio de autorresponsabilidad en los derechos económicos y sociales, careceremos del espíritu y la energía colectiva de una economía que permita alto recaudo para financiar los derechos.
Pero, así como es preciso intervenir la relación ciudadano-Estado, hay que reinventar la relación ciudadano-mercado, es decir, rediseñar el capitalismo colombiano para darles más y verdaderas oportunidades a los que no tienen capital.
Sencillamente, el capitalismo que tenemos no sería capaz de absorber la energía colectiva de un espíritu renovado de gente industriosa e innovadora. Estamos en un círculo poco virtuoso entre cultura, educación, diseño institucional y economía. El “contrato social” subyacente.