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De bonificaciones permanentes por publicaciones e infravaloración de la docencia como tiro en el pie.
La anécdota muestra un problema de fondo. Hace poco, el representante del presidente y el delegado del Ministerio de Educación votaron en la elección de rector de la Universidad Francisco de Paula Santander por un candidato que elevó su salario con publicaciones que la comunidad universitaria considera sospechosas, como lo denunció ante el fiscal general el mismo representante del presidente.
El frustrado candidato (ganó la heredera del rector que se hizo reelegir seis veces) es un docente que gana $27,5 millones al mes, asiduo coautor con una colega que recibe $41 millones. Ellos publican por igual, en un mismo año, sobre eficiencia energética, flujo vehicular y accidentalidad, el efecto citotóxico del propanil y estrategias pedagógicas con estudiantes de colegio, entre otros subcampos.
La anécdota es intrigante sobre los motivos de la inconsistencia del voto por ese autor tan impresionante, pero importa más por lo que revela de la política del Ministerio de Educación. Esta vez dicho el punto fundamental con un diálogo hipotético.
— Ministro, ¿habría convivido en la Universidad de los Andes con un régimen salarial como el de las universidades públicas?
— Probablemente no.
— ¿Por qué, entonces, quiere gastar más dinero de los contribuyentes en un esquema salarial inconveniente, que además se ha corrompido?
— Inconveniente y corrompido son cosas diferentes que se deben discutir por aparte.
Como es sabido en el subsector, las universidades privadas pagan una única bonificación por publicación; en las estatales, incrementan el salario de modo permanente, por el Decreto 1279 de 2002. Dado que la bonificación por una vez no ha impedido que universidades privadas estén entre las mejores del país, bien podríamos haber adoptado esa medida de justicia y sostenibilidad financiera en las públicas hace rato.
Eso, su inconveniencia, antes de la corrupción del régimen. Es una endemia, no solamente el caso de la universidad oficial de Norte de Santander. En el gobierno pasado, tuvimos un ministro con esa capacidad de publicar tan llamativa. La Universidad del Atlántico compite en escándalos en esta materia.
Revistas extranjeras depredadoras cobran por publicar y lamentablemente no pocos comités internos de reconocimiento y asignación de puntaje (CIARP) han caído en el entramado, que se extiende a los administradores nacionales de indexación de revistas. El resultado: corrupción del ethos universitario y desangre financiero.
Ahora, no bastaría con corregir la bonificación por publicaciones en el 1279 y erradicar las revistas piratas. Deberíamos revisar el sesgo implícito cargado hacia la investigación en el régimen salarial. Dicho gráficamente: para el docente estupendo que abre las mentes de los estudiantes con los fundamentos de su disciplina, no tenemos estímulo salarial. Para el investigador que publica, sí. La docencia está infravalorada y la investigación, sobrevalorada.
Además, nos decimos mentiras con la investigación. No todas las instituciones de educación superior deben o pueden ser “de investigación”. O no todas las facultades. Atar los incentivos salariales a investigar y publicar (producción académica) castiga a las instituciones que por distintas razones son más “de docencia”. Y claro, usamos un concepto laxo de investigación (del tipo “investigación” es lo que yo digo que estoy haciendo o me ofendo).
Si valoráramos la docencia como es debido, tendríamos una categoría de “maestro magistral”, aquel que por su capacidad pedagógica es capaz de agudizar el entendimiento y la curiosidad de cientos de estudiantes al tiempo, y de dejarlos listos para hacer preguntas a profesores asistentes en grupos más pequeños.
Estos maestros magistrales deberían recibir tanto reconocimiento y casi tanto dinero como los mejores investigadores (dicho de paso, me esfuerzo por no mostrar molestia cuando brillantes investigadores se regocijan en privado por escapar de dar clases). Necesitamos a los docentes maravillosos, apasionados y profesionales en su vocación, carismáticos, inolvidables, para aumentar la cobertura sin sacrificar calidad, lo que implica infraestructura física y tecnológica acorde con tendencias necesarias de la educación superior.
Toca, además, no confundir actualización con investigación como requisito de calidad para los docentes. Y ser conscientes de que la verdadera o relevante “investigación teórica” es para unos pocos con altas capacidades intelectuales y que lo urgente para el país es la investigación empírica, alineada con grandes prioridades nacionales vía la financiación pública.
Una de las cosas buenas de la inteligencia artificial de chatGPT es que nos mostrará que estamos pagando mucho por tanta carreta publicada.
Se dirá que es difícil encontrar más formas de darse tiros en pie en la educación superior, pero lamentablemente somos buenos en eso. Ayudaría, sin embargo, corregir corrupción y sesgo en esa remuneración salarial.
