Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Equidad y sostenibilidad, más allá de lo que propone el Plan de Desarrollo del gobierno Petro.
El artículo 105 del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) habla de la “implementación del mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones con Icetex”. Sin embargo, el tema no se puede atribuir a este gobierno.
Tiene como antecedentes la Ley 1911 de 2018 (Santos), el artículo 117 de la Ley 2159 de 2021 y el Decreto 1009 de 2022 (Duque). El gobierno Petro comenzó este año un piloto de 500 créditos de Icetex con esta figura y ahora propone ese artículo en el PND.
La Financiación Contingente al Ingreso (FCI) es la única alternativa probada en el mundo frente a los préstamos estudiantiles que conocemos, los del Icetex, de tipo hipotecario. Con la FCI no hay cuotas fijas, sino una proporción de los ingresos, superado un umbral.
El Icetex promociona la opción así en su web: “No se necesita de codeudor. No hay proceso de cobranza. No hay reportes en centrales de riesgo. No existen la mora ni los intereses de mora. No se requiere estudios de financiación. La contribución se establece de acuerdo con el nivel de ingreso. Solo se realiza contribución cuando se esté percibiendo un ingreso mayor a un (1) salario mínimo”. Suena bien, ciertamente.
La FCI surgió en Australia en 1989 y desde entonces la han adoptado Nueva Zelanda (1991), Sudáfrica (1991), Inglaterra y Gales (1998), Hungría (2001), Corea del Sur (2009), los Países Bajos y Malasia (2016), reportaba su arquitecto original, Bruce Chapman, economista australiano. En Suecia también hay FCI.
En Colombia, de acuerdo con el Decreto 1009 de 2022, estamos en lo siguiente: la cuota de pago del crédito varía desde 11 % y 13 % (dependiendo del monto de los desembolsos recibidos y de los ingresos actuales) hasta el 20 % o 24 % del ingreso laboral, por un tiempo máximo de 20 años después del grado.
El sentido de la FCI es compartir entre la sociedad y el individuo el riesgo y el retorno privado de la inversión en educación superior (ES) para hacer más justa y sostenible o robusta la financiación del sistema de ES.
El gobierno Petro se dispone a usar la figura “bajo las mismas condiciones establecidas en el artículo 117 de la Ley 2159 de 2021 y su reglamentación”. Su ímpetu de pensar cambiarlo todo no se ocupa de la FCI porque puede mantenerla con un alcance marginal, ya que su profundización reñiría con “la educación superior como derecho fundamental”, así no tengamos garantizada la educación preescolar que sí ordena la Constitución.
Uno de los cambios responsables de gran calado que necesitamos en educación superior es, justamente, generalizar la contribución solidaria contingente al ingreso para los que reciban subsidios de matrícula y/o sostenimiento en la educación superior, con un criterio redistributivo en la proporción de ingreso que se devuelve a la sociedad y en el número de años.
A modo de ejemplo: una tarifa del 4 % para graduados de origen en estrato 1, por 15 años, tomando como monto un 40 % de lo que invirtió la sociedad en los estudios universitarios del individuo. Para el origen de estrato 3, tarifa del 8 % por 20 años, tomando como monto el 60 % de lo invertido.
Por supuesto, en esta visión, da lo mismo si la sociedad le paga los estudios al joven en una universidad pública o en una privada. Porque es realmente un descaro moral que invirtamos $12 millones por semestre en un estudiante de estrato 3 en una universidad pública y al bachiller de estrato 1 que no logra pasar la selectividad de aquella le ofrezcamos crédito “con subsidio en las tasas de interés” y cuotas fijas, aún si no está trabajando.
Es decir, tocaría volver a discutir y cambiar la ley vigente, pero eso no va a pasar en este gobierno. Debemos darnos por bien servidos si hacen una implementación de verdad interesada y con más alcance de la figura de pago contingente al ingreso. Quinientos cupos es demasiado poco. Lo mismo opinaría Roberto Zarama, adalid de la idea en Colombia, que tanta falta nos hace.
