Más inversión en calidad, primera infancia y capacidad institucional, y más competencia.
El gobierno tiene plazo hasta diciembre para presentar al Congreso el proyecto de ley orgánica de reparto de competencias y responsabilidades entre la nación y las entidades territoriales, requisito para que entre en vigencia la reforma constitucional (de 2024) que incrementa la tajada del Sistema General de Participaciones (SGP) en los ingresos corrientes de la nación, de un 25 % a un 39,5 % en 2038.
Un gobierno empecinado en una lógica de gasto (irresponsable) para hacer “reelegir su proyecto progresista” difícilmente elaborará un buen proyecto de ley que requiere justo el espíritu contrario: la responsabilidad fiscal y el compromiso con mejorar la calidad del gasto, su eficiencia. Y si lo presenta, su trámite en el Congreso coincidirá con las campañas electorales de 2026, un ambiente poco propicio para un asunto técnico de tanto calado.
Sin embargo, hay que intentar posicionar los temas grandes implicados en el SGP y la ley de competencias. En el caso de la educación, llevábamos años de tensión entre “aumentemos los recursos (sustancialmente)” y “revisemos primero cómo estamos gastando”. Es decir, entre la petición de reforma constitucional del SGP, liderada por Fecode, y la reforma de la actual ley de competencias territoriales, la 715 de 2001, liderada por nadie. Finalmente, el ministro Cristo casi logra aprobar el incremento del SGP sin las correspondientes competencias, plata a discreción, el mundo soñado de la clase política en las regiones.
Reto 1: modificar la estructura del gasto en educación en favor de la calidad. Estamos en 95 % para prestación del servicio (básicamente nóminas) y un 5 % para calidad (“construcción y adecuación de infraestructura, transporte y alimentación escolar, material y medios pedagógicos para el aprendizaje, etc”), según la Misión de Descentralización. Por supuesto, el gasto salarial docente es un insumo clave para la calidad, siempre que contenga políticas para tal fin.
Pero la composición típica del gasto en educación en países en la OCDE es: remuneración de personal (docentes y no docentes), 77 %; solo docentes, 60 %; bienes y servicios (materiales, tecnologías, mantenimiento), 16 %; y capital (infraestructura, equipos mayores), 7 %. No nos podemos dar el disparo de aumentar dramáticamente el gasto para seguir con la misma estructura. Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo, ha calculado que con el 79 % de los recursos se podrían lograr los mismos resultados en cobertura.
Reto 2: crear una asignación especial para la atención integral de la primera infancia y el preescolar desde los tres años. Tuvimos una disposición en el SGP que decía que “cuando el PIB real creciera por encima del 4 %” habría recursos específicos para la primera infancia. Reformar el ICBF y la oferta del preescolar, y asegurarles presupuesto con el SGP es lo que se necesita, no recursos residuales y eventuales. Así los niños no hagan marchas ni paros.
Reto 3: fortalecer notablemente las capacidades institucionales y técnicas de las secretarías de educación (no solo de las 97 certificadas) y de las instituciones educativas, esto es, impulsar cambios organizacionales y aumentar la planta no docente con cuidado, al tiempo que se usa Inteligencia Artificial, incluidos robots humanoides. Las entidades territoriales ya tienen suficientes competencias en educación que no pueden cumplir por falta de recursos y de capacidad. Más recursos de SGP sin tecnificación es un gran riesgo.
Reto 4: introducir competencia entre modelos de gestión de la educación oficial y orientación a los resultados, de modo que los recursos premien marginalmente los esfuerzos y el logro. Lo primero es modificar el artículo 27 de la Ley 715 para transformar la actual contratación del servicio educativo. Más de lo mismo nos condena, hay que explicarles a los intereses gremiales, en nombre del interés general.
