267.034 bachilleres no han podido acceder a cupos disponibles en educación superior oficial en 2023 y 2024 por razones académicas y económicas.
En el primer semestre de 2021, el sector oficial de la educación superior admitió a pregrado a 312.071 aspirantes, es decir, el subsistema estatal declaró tener esa cantidad de cupos. En 2024-2 admitió a 308.965, que ha sido el número más alto en esta administración. Esto es, 3.106 cupos menos. Aquí debería acabar la pretensión de haber creado “193.000 cupos”. Evidentemente, el Gobierno, confundido, está hablando de otra cosa: de “nuevos estudiantes adicionales”, pero antes abordemos una cuestión relevante relacionada que muestra lo equivocado de la actual política pública.
¿Por qué si el subsistema estatal declaró tener 312.071 cupos en 2021-1, billones de pesos después de este Gobierno, está “ofreciendo” menos cupos? En realidad, no sabemos cuántos cupos está ofreciendo y se aproxima por el número de admitidos. El flujo es inscritos-admitidos-matriculados. En 2021-1, de 312.071 admitidos se matricularon 256.241 (el 82,1 %), y en 2024-2, de 308.965 admitidos se matricularon 264.780 (el 85,7 %). Esto sugiere que el problema no está tanto en la oferta, sino también en la demanda.
En la demanda por dos razones: i) las competencias académicas de los aspirantes, insuficientes para ser admitidos, y ii) las condiciones económicas de los admitidos, insuficientes para tomar la decisión de matricularse. En 2023-1, por ejemplo, se inscribieron (aspiraron) 561.161 y fueron admitidos 259.091, el 46 %, cuando ya sabemos que había cupos para 312.071, el 55,6 % (datos del SNIES-MEN, procesados por el Laboratorio de Economía de la Educación, Universidad Javeriana). Para el caso de 2023-1, 52.980 aspirantes no fueron admitidos por la mala educación básica y media que recibieron.
No había que crear cupos en la educación superior oficial, había que graduar bachilleres mejor preparados para ocupar esas sillas disponibles. Luego de los 259.091 admitidos en 2023-1 se matricularon 223.518, el 86,2 %, es decir, 35.573 admitidos dejaron de matricularse por razones presumiblemente económicas. Así, tuvimos en 2023-1 a 88.553 aspirantes que no entraron al subsistema estatal de educación superior por razones ajenas a la oferta, porque estaban los cupos, sino por razones de la demanda. En 2023-2 a 75.153, en 2024-1 a 56.037 y en 2024-2 a 47.291 para un total de 267.034 jóvenes frustrados porque no se entiende la demanda.
El Gobierno (y no solo este), sin embargo, cree que la solución es solamente inyectarle recursos a la oferta (de educación superior) y que la gratuidad total resuelve la cuestión económica de los admitidos. Hay que mejorar la educación básica, arreglar la educación media (grados 10 y 11) y tener un financiamiento del sostenimiento con repago contingente al ingreso (no deuda) para que ganen todos con el éxito laboral del egresado.
Pero el Gobierno nos dejará una política costosa presupuestal e institucionalmente que lo que ha buscado es terminar de capturar a las universidades públicas para su proyecto político (ojalá no impongan la formalización laboral sin criterio responsable, p.e.).
Sorprende, en todo caso, que el Gobierno infle una buena cifra (125.441 primíparos adicionales), por la que podría cobrar crédito, para convertirla en una cifra por la que pierde credibilidad (193.000). Un tiro en el pie.
El presidente parece creerse el sketch (está en el diccionario de la Real Academia: “Escena breve, normalmente cómica, que con otras de las mismas características se integra en un conjunto teatral, cinematográfico o televisivo”) de las matemáticas cuánticas, las de stock y de flujo. Nada que hacer.
