A la luz de la conversación reciente sobre la reforma agraria se diría que, sin cuestionarnos, asumimos que a finales de este siglo, por poner un horizonte significativo, seguiremos teniendo campesinado, es decir, un grupo social y productivo sujeto al cultivo de la tierra bajo condiciones desfavorables, como se entiende. ¿Sería deseable? La respuesta obvia es que no.
Dentro de 75 años y ojalá menos el campesinado de hoy debería haberse transformado en una clase empresarial que vive en centros poblados con buenos servicios públicos y se transporta en vehículos propios para ir a supervisar cultivos mecanizados. Podría decirse que no lograr esto sería un fracaso de un proyecto de sociedad.
En una visión no estática y liberal de la sociedad los individuos y grupos sociales evolucionan en el sentido de liberarse de las adscripciones (a la tierra, p. e.), se independizan culturalmente (los hijos diluyen los lazos atávicos, p. e.) y mutan sus identidades (bajo diferentes influencias), todo lo cual ocurre inexorablemente, aun si se legisla en contra, como en Colombia.
Con este marco podríamos ver el sujeto y el objetivo de la reforma agraria de un modo distinto. El sujeto como un campesino que dejará de ser campesino, no un sujeto inmutable, y el objetivo como el progreso económico y social del campesinado, para el cual la propiedad de la tierra es solamente un instrumento. Como sabemos, redistribuir la tierra simplemente no saca de la pobreza a los campesinos.
Así, con un Estado débil fiscalmente, que no tiene para comprar suficiente tierra ni para proveer los bienes públicos complementarios, hace más sentido el siguiente modelo: en lugar de comprar tierra improductiva, el Estado puede ofrecer volverla productiva con una asociación público-privada, donde les transfiere a los campesinos la participación de propiedad derivada de la inversión que hará, siempre que haya un tercer socio capitalista que tome riesgo y discipline la empresa.
Una gran extensión de tierra improductiva puede convertirse en una gran explotación agroindustrial, donde campesinos serían trabajadores formales y al tiempo accionistas, liberándose de las desventajas de explotar directamente una pequeña parcela. En lugar de lotear tierra para dejarla a su suerte (parte del fracaso de la reforma agraria), transformar tierra en riqueza productiva para dar medios de vida más seguros y promisorios.
A los campesinos con poca tierra, prisioneros de la baja productividad y de precios controlados por intermediarios, les conviene recibir apalancamiento público para sumarse a explotaciones de escala, en vez de un poco más de tierra para seguir en las mismas. Y las tierras donde puede comenzarse este modelo son las baldías, pues se requeriría menos recursos públicos y los campesinos podrían tener mayor participación de propiedad.
Con una reforma agraria así, los campesinos elevarían rápidamente su calidad de vida (una gran explotación agroindustrial puede destinar terreno para nueva vivienda privada, p. e.) y sus ingresos (para dar buena educación a sus hijos, que podrían crecer sabiendo que son herederos de participación accionaria, no de una condición socioeconómica de la que quieren escapar).
No hay forma de mantener a los jóvenes en la agricultura tradicional y lo importante no es cambiar la estructura de la tenencia de la tierra por un objetivo político, sino crear progreso material y bienestar para el campesinado. Probablemente los propietarios de grandes áreas de tierra se volverían un poco más ricos, pero lo importante es que el campesinado podría salir de la pobreza y el país convertirse en una potencia agroindustrial, con beneficios para millones de colombianos.
No se sabe bien qué es más difícil: si lograr que tantos ilustres intelectuales renuncien a uno de sus sujetos históricos favoritos, el campesinado, con la imagen bucólica de él, o conseguir que los procapitalistas ortodoxos noten que en Colombia no habrá casos como El Cerrado brasilero si no se rompe la maraña de ideas y restricciones en torno a la economía campesina mediante una disrupción institucionalista de carácter democrático y social que reconozca el futuro que ya estamos viendo (Oleoflores en palmicultura, p. e).
Bueno, en realidad es mucho más difícil lo primero. Los que se educaron con “la reforma agraria es buena para la democracia, pero la democracia no es buena para la reforma agraria”, seguirán en el fondo atados a la idea de la revolución socialista que se hace porque unos rebeldes armados derrocaron la democracia burguesa.
Una revolución agroindustrial capitalista con los campesinos de socios y en trance de convertirse en una clase media rural amiga de la democracia no está en su horizonte.
Su proyecto de sociedad es otro, y es el intelectualmente dominante. Por eso el acto legislativo 01 de 2023 (reforma constitucional, art. 64) no se planteó como caracterización y protección provisionales.