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Ilustrado con la indiferencia ante cosas llamativas del acuerdo colectivo con Fecode.
Así como “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares”, la educación es demasiado importante para dejarla solo en manos del MEN, del presidente o de los docentes.
En Colombia hacemos justamente eso: el Congreso y los partidos no ejercen su responsabilidad política con la educación. Además, el presidente suele llegar al cargo con pocas ideas en este campo y nombra un ministro para que administre el sector, no para que lo reforme.
El problema no es el presidente, ni el ministro, sino el sistema político. Un archipiélago de partidos débiles programáticamente, confederaciones de empresas electorales con ánimo de lucro varios de ellos, que no tienen coaliciones estables por afinidad ideológica y menos institucionalidad interpartidista para hacer que el sistema político funcione bien.
Esa falla lleva a que los partidos no puedan controlar lo que hacen los gobiernos ni responder por estos. Cada cuatro años consiguen votos para que un presidente haga lo que quiera, no para que avance un tramo de un proyecto político de sociedad.
Los problemas sectoriales y estructurales no van al ritmo de cuatrienios, sino que fluyen de modo incesante. Si los partidos no cumplen su función sobre el curso incesante de los problemas y adoptan el ciclo de los gobiernos, los problemas siempre les van a llevar la delantera.
Una manera de ver o entender esto son las negociaciones y acuerdos colectivos con Fecode: el que se firmó en agosto rige hasta diciembre 31 de 2022, y el próximo gobierno solo podrá intentar cambios en el primer semestre de 2023.
Un gobierno o ministro que solo responde ante sí mismo políticamente no tiene interés o incentivo en cuidar las consecuencias de lo que decide o dice para un proyecto político-programático de largo plazo o para el próximo gobierno.
El asunto es que no existen tales proyectos de largo plazo traducidos en reformas o políticas concretas, un reflejo del vaciamiento intelectual de la política y de la debilidad institucional y técnica de los partidos. Sin los parámetros que da una visión articulada en un proyecto de sociedad, ¿cómo tomar decisiones consistentes o juzgar las decisiones que se toman hoy?
Para seguir con la ilustración del acuerdo colectivo de 2021 con Fecode, ¿a qué precandidatos presidenciales y congresistas les importa lo que dice? Dice, por ejemplo, que se reactivará la comisión tripartita (MEN, Fecode y Congreso de la República) para consensuar durante seis meses el proyecto del Estatuto de la Profesión Docente, y que una vez consensuado el texto del proyecto, el gobierno y Fecode “definirán el mecanismo legal para su adopción”.
También dice que i) se revisará, actualizará y ajustará el modelo de evaluación docente (que conduce a ascensos y reubicaciones salariales) y a partir del segundo semestre de 2022 se definirá un cronograma para la evaluación, y ii) que en cinco meses una comisión de alto nivel consensuará un proyecto de reforma constitucional que “incremente real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones” (SGP). El gobierno deberá presentar el proyecto ante el Congreso en el mes siguiente.
La razón por la que esto no ha generado debate no es que se sepa que cosas similares se han firmado en anteriores acuerdos colectivos, sino que el sistema político opera en función de los periodos de gobierno y el próximo presidente espera a posesionarse para ver qué puede hacer, como si los partidos no tuvieran la función permanente de cuidar la forma en la que se están enfrentando los problemas y de proponer candidatos a presidente para que sigan soluciones.
El presidente Duque y todos los precandidatos deben saber del potencial enorme impacto fiscal del Estatuto de la Profesión Docente, pues no están pensando en dejar quietos el 2277 (de 1979) y el 1278 (de 2002) y hacer un tercer estatuto para los que se vinculen en adelante. Claro que no. El deseo es unificar los salarios por lo alto (1278), pero eso tiene que ver con la evaluación docente y si se ata a no a los resultados del aprendizaje estudiantil.
Se acuerda cambiar la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa (basada en puesta en escena con un vídeo), pero se asume el compromiso de cofinanciar 8.000 cursos de formación con efectos de ascenso y reubicación. ¿Por qué no invertir ese mismo esfuerzo fiscal en un piloto de evaluación acorde con otro principio deseable? Tal vez porque no tenemos ni pensamos tener mediciones del aprendizaje estudiantil ni por institución educativa ni por alumno.
En nuestro sistema político los congresistas no asisten a la comisión tripartita para el estatuto docente, y en lugar de decidir el marco constitucional y legal de la política educativa, el anhelo de muchos de ellos es que les nombren a un secuaz como representante del presidente en un consejo superior universitario y apadrinar operadores de alimentación escolar, entre otras bellezas.
Así es muy difícil reformar la educación, sin un ajuste sustancial del sistema político, comenzando por no celebrar la proliferación de partidos.
