De nuevo la alimentación escolar: el problema es el modelo
500.000 estudiantes sin PAE y contundente diagnóstico de la Contraloría, sobre la mesa.
En términos esenciales: si usted pone cerca de $1,3 billones de la nación (presupuesto 2020) en manos de contratistas escogidos por entidades territoriales, de ahí van a coger su tajada políticos y funcionarios corruptos en cascada hasta que a los niños les lleguen “complementos alimentarios que no cumplen condiciones de calidad y porciones estandarizadas” (Contraloría, CGR).
En cambio, si se ponen los recursos en las cuentas de las instituciones educativas y los operadores, calificados por Colombia Compra Eficiente, tienen que competir por los colegios como clientes de productos y servicios que requieran economía de escala, se acaba la corrupción (estructural).
Con el ahorro se remediaría que “el 37% de la infraestructura de comedores es insuficiente y existe deficiencia en la dotación de los restaurantes” (CGR sobre muestra de 31 municipios de 10 departamentos). La alimentación escolar deber ser preparada in situ (municipio o institución) y servirse “caliente”. Casi que ningún alimento industrializado. Una dieta saludable.
Con esos parámetros, la anunciada Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, autorizada por la ley del Plan de Desarrollo en curso, podría diseñar un nuevo modelo, descentralizado a nivel de institución educativa. Cualquier equipo de técnicos estaría feliz de recibir ese encargo.
El nuevo modelo tendría que superar retos, como la escasa capacidad administrativa de los colegios y el desincentivo de los alcaldes para aportar recursos propios, pero aquí pueden leer el resumen de la Contraloría acerca de la operación del actual modelo. Lo sorprendente es que no tengamos debate al respecto. Una tercera parte de las ETC no había contratado el PAE al comenzar las clases.
Si no se les puede confiar a las instituciones educativas y comunidades de madres y padres de familia la alimentación complementaria (y con frecuencia principal) de sus propios alumnos e hijos, ¿qué sociedad tenemos? Pero a los contratistas amigos de los políticos en plan de recuperar sus inversiones de las campañas electorales, sí les confiamos el PAE. Se trata de una decisión política y moral.
La alimentación escolar se dañó al volverse un asunto de miles de millones de pesos en manos de unos pocos. “No se consumen productos de la región. El operador no compra en el mercado local. La compra de alimentos está centralizada en Bogotá en su mayoría” (CGR). Sería una de las pequeñas disrupciones que necesitamos en la “base de la pirámide” para aumentar la cohesión social, la corresponsabilidad y los ingresos productivos (madres de familia como manipuladoras de alimentos, por ejemplo).
Necesitamos que madres y padres de familia se sientan orgullosos de preparar alimentación escolar saludable para los niños de la comunidad, de aprender sobre nutrición, de cambiar hábitos alimenticios, de no desperdiciar, de tener huertas escolares. En cambio, muchos operadores abusan de sus empleados.
Si existiera salario mínimo diferencial por regiones, en algunas de estas muchas madres de familia gustosas trabajarían por el mínimo (superior a los ingresos inciertos del rebusque), con sus prestaciones sociales dentro de la formalidad (y rendirían más los recursos en beneficio de los niños). Un servicio de los operadores podría ser la administración y capacitación del personal del PAE en los colegios, una forma de ganar dinero decentemente.
Curioso que el gobierno Duque no se le mida a este cambio, que ni la izquierda ni la derecha le atacarían.
500.000 estudiantes sin PAE y contundente diagnóstico de la Contraloría, sobre la mesa.
En términos esenciales: si usted pone cerca de $1,3 billones de la nación (presupuesto 2020) en manos de contratistas escogidos por entidades territoriales, de ahí van a coger su tajada políticos y funcionarios corruptos en cascada hasta que a los niños les lleguen “complementos alimentarios que no cumplen condiciones de calidad y porciones estandarizadas” (Contraloría, CGR).
En cambio, si se ponen los recursos en las cuentas de las instituciones educativas y los operadores, calificados por Colombia Compra Eficiente, tienen que competir por los colegios como clientes de productos y servicios que requieran economía de escala, se acaba la corrupción (estructural).
Con el ahorro se remediaría que “el 37% de la infraestructura de comedores es insuficiente y existe deficiencia en la dotación de los restaurantes” (CGR sobre muestra de 31 municipios de 10 departamentos). La alimentación escolar deber ser preparada in situ (municipio o institución) y servirse “caliente”. Casi que ningún alimento industrializado. Una dieta saludable.
Con esos parámetros, la anunciada Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, autorizada por la ley del Plan de Desarrollo en curso, podría diseñar un nuevo modelo, descentralizado a nivel de institución educativa. Cualquier equipo de técnicos estaría feliz de recibir ese encargo.
El nuevo modelo tendría que superar retos, como la escasa capacidad administrativa de los colegios y el desincentivo de los alcaldes para aportar recursos propios, pero aquí pueden leer el resumen de la Contraloría acerca de la operación del actual modelo. Lo sorprendente es que no tengamos debate al respecto. Una tercera parte de las ETC no había contratado el PAE al comenzar las clases.
Si no se les puede confiar a las instituciones educativas y comunidades de madres y padres de familia la alimentación complementaria (y con frecuencia principal) de sus propios alumnos e hijos, ¿qué sociedad tenemos? Pero a los contratistas amigos de los políticos en plan de recuperar sus inversiones de las campañas electorales, sí les confiamos el PAE. Se trata de una decisión política y moral.
La alimentación escolar se dañó al volverse un asunto de miles de millones de pesos en manos de unos pocos. “No se consumen productos de la región. El operador no compra en el mercado local. La compra de alimentos está centralizada en Bogotá en su mayoría” (CGR). Sería una de las pequeñas disrupciones que necesitamos en la “base de la pirámide” para aumentar la cohesión social, la corresponsabilidad y los ingresos productivos (madres de familia como manipuladoras de alimentos, por ejemplo).
Necesitamos que madres y padres de familia se sientan orgullosos de preparar alimentación escolar saludable para los niños de la comunidad, de aprender sobre nutrición, de cambiar hábitos alimenticios, de no desperdiciar, de tener huertas escolares. En cambio, muchos operadores abusan de sus empleados.
Si existiera salario mínimo diferencial por regiones, en algunas de estas muchas madres de familia gustosas trabajarían por el mínimo (superior a los ingresos inciertos del rebusque), con sus prestaciones sociales dentro de la formalidad (y rendirían más los recursos en beneficio de los niños). Un servicio de los operadores podría ser la administración y capacitación del personal del PAE en los colegios, una forma de ganar dinero decentemente.
Curioso que el gobierno Duque no se le mida a este cambio, que ni la izquierda ni la derecha le atacarían.