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Las Bases del Plan de Desarrollo 2022-2026 se alejan de precepto de la Constitución.
Cuando se promulgó la Constitución de 1991, la educación superior no era un derecho, pero 31 años después, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, versión para el Consejo Nacional de Planeación, dicen que “se reconocerá como un derecho fundamental”. El asunto es importante porque el MEN está usando como eje este derecho.
¿Tuvimos en el camino una reforma constitucional y no nos enteramos? Ya sabemos que no, que hemos estado haciendo que se crea que la Carta dice lo que no dice ni estaba en el “espíritu” de los constituyentes.
El artículo 67 constitucional reza que la “educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social (…) y que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”.
Del texto resulta claro que el derecho versa sobre la educación obligatoria, a la que hemos añadido la educación media (grados 10 y 11). Por si hubiera dudas, el artículo 69 establece que “el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.
Esas previsiones razonables de la Constitución no soportan la orientación del gobierno (Bases del PND): “El acceso, permanencia y graduación en la educación superior debe ser una posibilidad para cualquier persona que habite el territorio nacional y por lo tanto se reconocerá como un derecho fundamental para la realización humana”.
Esta orientación política riñe con la conciencia creciente de la prioridad de brindar atención integral y educación inicial de calidad a la primera infancia. En términos estrictos, deberíamos reformar la Constitución para volver obligatoria la educación desde los tres años, con preescolar integral, hasta los 18 años, procurando que a esa edad se gradúen los bachilleres.
Y en términos de responsabilidad social del Estado, deberíamos tener un acuerdo político fundamental para priorizar presupuestalmente lo que es obligatorio por Constitución. Hoy en día el populismo fantasea con educación superior gratuita, de calidad y universal, en parte porque la Constitución no dice “derecho a la educación preescolar de tres grados” y habla de un solo año de preescolar, que hoy se llama transición.
Esta no es solamente la posición de quienes creemos en Colombia que la primera infancia es prioridad. Lo dijo la relatora especial saliente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Koumba Boly Barry, en su informe final, escribe Bede Sheppard, encargado de la división de Derechos de la Niñez en Human Rights Watch.
“Boly Barry recomienda un nuevo tratado jurídicamente vinculante que reconozca el derecho de todos los menores a la educación preescolar”, una adición a la Convención sobre los Derechos del Niño, a ver si eso ayuda en Colombia y otros países. La plata no alcanza para todo y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2030, no le dan esa prioridad a la educación superior.
