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Omisión y connivencia con abusos salariales es solo lo más visible.
Sabemos que la política de este gobierno es “gastar más”, no “gastar mejor” ni “gastar más y mejor”. Y eso en educación dejará una herencia complicada. La cultura organizacional del fetichismo presupuestal inhibe y debilita las capacidades técnicas del ministerio, tan necesarias para procurar la calidad del gasto.
La evidencia ya no deja duda. Una respuesta del ministerio de Educación a un cuestionario de control político de la Comisión Sexta del Senado retrata el problema.
La pregunta decía: “¿cuál es la evaluación que hace el MEN de las nóminas de las instituciones de educación superior públicas y de su impacto presupuestal?, en términos de composición (por categorías de docentes y de personal administrativo y operativo), de tipo de vinculación laboral (de planta, ocasionales, tercerizados), de costos salariales y de eficiencias de carga docente o relación profesor/alumnos, de 2022 a 2024″.
La respuesta, en breve, es que el ministerio no tiene una evaluación, y aduce como razón la autonomía universitaria, que “pretende evitar la intromisión del poder público en la labor de las Instituciones de Educación Superior”. Tal cual piensan los absolutistas de la autonomía universitaria, pero al MEN le corresponde recordar que tiene a cargo “la suprema inspección y vigilancia de la educación” (art. 67 constitucional).
De hecho, la Ley 1740 de 2014, que regula la inspección y vigilancia de la educación superior, indica que uno de los objetivos de esta es “la eficiencia y correcto manejo e inversión de todos los recursos y rentas de las instituciones de educación superior”. Pero el MEN no tiene una evaluación del impacto del Decreto 1279 de 2002 (régimen salarial y prestacional de los docentes de universidades estatales), que es, en últimas, a lo que se refiere la pregunta del Congreso.
Es decir: el gobierno está aumentando notablemente el gasto sin preocuparse por la estructura del mismo ni por los arreglos insostenibles y las malas prácticas incrustados en él. Una omisión que se refleja no solamente en las funciones técnicas del MEN, sino en la representación de sus delegados y del presidente de la República en los consejos superiores universitarios, CSU.
Hace pocos días la revista Cambio tituló “¿Carrusel de sueldos? Profesor de la Universidad Distrital ganó millonaria bonificación con un presunto plagio a sus propios estudiantes” y ahora mismo un representante del presidente en un CSU es aliado del profesor que lidera la “mafia” de los docentes con salarios superiores a $25 millones, amparados por el 1279, aunque la universidad tiene un Acuerdo que pone límites a los puntos salariales por publicaciones (típicamente, en revistas depredadoras búlgaras que cobran).
La Ley 1740/2014 le asigna al MEN “un proceso de evaluación” que “vele por la prevención”, incluyendo “planes de seguimiento con indicadores de gestión”, de los que tanto molestan a los que solamente quieren más transferencias de la nación y poca vigilancia, sin mucha consideración por las prioridades nacionales, viviendo en “torres de marfil” o en “mundos populares” con la actitud de saber qué es justo y correcto para la sociedad.
