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Hubo un tiempo (años 90) en que a algunos intelectuales progresistas les preocupaba la modernización sin modernidad, esto es, la inmersión de masas en procesos productivos técnico-capitalistas sin la debida adecuación cultural de valores y racionalidad en la urbanización.
Señalaban que teníamos una dominación premoderna basada en la arbitrariedad de índole feudal, y que el Estado de Derecho, la profesionalización del Estado y la relativa autonomía de las distintas esferas constitutivas de la sociedad (economía, política, cultura) nos pondrían en una modernización económica con modernidad cultural y política, superando el orden tradicional.
Ahora hay muchos intelectuales progresistas adversos a la modernización y a la modernidad porque adoptaron la teoría del multiculturalismo, que celebra la premodernidad y teme la disolución de lazos y mentalidades tradicionales que ocasionan el desarrollo productivo y la modernidad cultural. Es decir, no se cuenta con ellos y sus unidades académicas en las universidades (estatales y privadas) para impulsar la modernización y la modernidad. Básicamente, no se cuenta con ellos desde 1969, si tomamos de referencia el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.
La institución emblemática de la sociología en Colombia surgió en 1959 de la mano del poder. Recibió el apoyo de la Unesco y las fundaciones Ford y Rockefeller. El ministro de Educación, Abel Naranjo, sintetizó el espíritu del momento: “La reforma del país debe basarse sobre el conocimiento sociológico”.
Durante su primera década, brillante, el departamento cumplió su promesa con investigaciones empíricas y publicaciones de calidad internacional: 48 libros y propuestas de reforma agraria, contó Olga Restrepo (ver mi columna “50 años de sociología”, 30/12/2009)
Pero en 1969 se pasó de la reforma a la revolución, como en general los departamentos de ciencias sociales luego. Se volvieron o aspiraron a ser “contrapoder”. El conocimiento que producían ya no tenía el propósito de ayudar a implementar reformas lideradas por el poder, sino el de promover un cambio de raíz, radical, organizado por un nuevo poder. Y la diferencia sí es muy grande.
Las ciencias sociales, en general, no se dedicaron a hacer investigación empírica orientada a satisfacer necesidades de conocimiento científico para adelantar políticas públicas. También es cierto que la clase dirigente no ha demandado mucho ese conocimiento. Y así se constituye la “deuda histórica” de las ciencias sociales: no haber provisto el necesario conocimiento científico social para el desarrollo colombiano.
Arreglar eso requiere que una parte de la financiación de la investigación social desde el gobierno nacional busque el conocimiento de soporte y evaluación permanente de las políticas públicas y las reformas, y que haya una convivencia en las comunidades académicas entre los que no quieren producir conocimiento útil para el poder y los que estén inclinados a mejorar los procesos de modernización y modernidad. Hablando de pluralismo académico, hay que desincentivar la práctica de cooptación de los que piensan igual en los concursos para plazas profesorales.