El PAE como caja de campañas electorales y el riesgo de no iniciar a tiempo en 2024.
Para la primera alerta tal vez sea tarde: mandatarios territoriales que hacen abultados contratos del PAE con operadores de bolsillo, que les permiten disponer de los adelantos para invertir en campañas electorales.
Es posible que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar no tenga suficiente inteligencia de lo que ocurre con el PAE para advertirle a la ministra de Educación sobre riesgos en las entidades territoriales que visita. Por ejemplo, recientemente visitó un departamento donde con unas cuantas preguntas habría podido saber que hay grandes contratos del PAE y municipios sin alimentación escolar, lo que ya debería ser noticia. Pero la prioridad de la visita era mostrar que la comunidad educativa apoya el proyecto de ley estatutaria de la educación, con un público estudiantil atraído por un show musical. Una puesta en escena.
Así, el rol natural de comunicador de un ministro, combinado con el de activista o agitador en este gobierno, termina opacando el rol múltiple de líder sectorial, gerente o administrador y tomador de decisiones. Una hora de reunión con el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento del PAE le habría bastado a la ministra para enterarse de anomalías y problemas que ella puede ayudar a resolver y de ese modo beneficiar realmente a miles de estudiantes.
Lo primero era contribuir a evitar que se robaran la plata del PAE para invertirla en campañas y así seguir en el poder usándolo en ese círculo vicioso, y lo segundo, buscar que el año entrante el primer día de clases haya alimentación escolar en todo el país, lo que exige una serie de acciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de las entidades territoriales.
El actual esquema del PAE ha fracasado en proveer la alimentación escolar con “oportunidad, calidad y suficiencia”, y eso se puede complicar todavía más en el primer semestre de 2024 por corrupción territorial de final de periodo, por el cambio de administraciones departamentales y por evidente desatención del MEN.
Como contexto, el PAE está descentralizado a nivel de entidad territorial con unos operadores escogidos por el poder político para entregarles unos beneficiarios cautivos. Ese diseño propicia la corrupción. Unos cuantos proponemos descentralizarlo a nivel de institución educativa, que recibiría los recursos, con unos operadores en verdadera competencia escogidos por los colegios.
El Gobierno Duque dio un paso tímido en esa dirección con la Ley 2167 de 2021, que autorizó realizar transferencias a los Fondos de Servicios Educativos de los colegios “para que se ejecute con los padres de familia la prestación del servicio de alimentación escolar cuando (i) las instituciones educativas se encuentren ubicadas en zona rural y (ii) la asociación de padres de familia haya manifestado su interés de encargarse de la prestación del servicio con el cumplimiento de los requisitos del programa”.
A veces a quienes defendemos el reformismo incremental nos cuesta anímicamente porque, por ejemplo, esta ley fue muy tímida, limitada y además se equivocó en la función de las asociaciones de padres de familia. Estas no son instituciones con el grado de formalización requerido, pero son indispensables en la orientación —junto con el rector— y supervisión del servicio.
La alimentación escolar amerita un mejor diseño institucional, sin duda, pero hay que esperar mejores tiempos para hacerlo.
