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Sin incidir sobre la interdependencia y la centralidad estratégica de la educación se retrasa el crecimiento económico.
Hay frases que retratan problemas serios que tomamos a la ligera. Una conocida: “¿Y quién pone de acuerdo al Ministerio de Educación con el Sena?”, o “¿quién va a alinear la investigación en ciencia, tecnología e innovación con los programas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo?”. La respuesta, divertida además, que no resulta necesario dar es: “nadie”. Y seguimos conviviendo, más o menos felices, con las situaciones.
Pero un momento: ¿cómo que nadie? ¿Acaso no tenemos un presidente de la República? El problema es que tocaría que el presidente se interese por un montón de temas complejos y para eso nombra a los ministros, se razona de modo realista. Bueno, ¿y por qué no se hacen políticas intersectoriales para alinear, articular y coordinar? La verdad es que las capacidades del Estado colombiano no dan para tanto, se acepta. El CONPES produce documentos que difícilmente se implementan.
A la supuesta falta de interés (o de tiempo) del presidente y a la debilidad de políticas intersectoriales, en este caso se le suma que la cabeza de Educación suele conformarse con administrar el sector con unas lógicas internas dadas (gobernabilidad capturada) y poco mira hacia afuera, más allá de Hacienda por plata. Al concebir la educación sobre todo como un sector social en sí mismo, se ignora que es altamente interdependiente por su naturaleza trifásica: económica, social y cultural.
La educación como un sector tributario o un medio para fines esenciales del Estado y la sociedad (prosperidad general mediante el trabajo, la vida en democracia, la garantía de derechos y deberes, según la Constitución) depende de múltiples factores (y decisiones) externos para funcionar bien y, a su vez, condiciona profundamente los resultados de otros sectores. Ningún sector tiene la polivalente centralidad estratégica de la educación, pero esta se orienta de forma aislada, con serias consecuencias negativas.
Reconocer la interdependencia y la centralidad estratégica de la educación no menoscaba su autonomía inherente (y relativa), sino que le permite convertirse en motor del desarrollo. La educación impacta la productividad y el crecimiento económico, el mercado laboral y la movilidad social, el orden institucional y la integración social, la cultura y el disfrute de la vida, y también los costos en seguridad, justicia y salud. Bien vale, entonces, que el presidente le preste más atención y tenga un mínimo de coordinación intersectorial con voluntad política.
Por decreto se puede establecer una institucionalidad más sofisticada del gabinete presidencial, que se parezca más a los consejos sectoriales de Corea del Sur y a los gabinetes temáticos de Finlandia, que al consejo de ministros narcisista y despelotado que tenemos. Con que se reúna tres veces al año un gabinete sectorial, con una preparación técnica, esa coordinación intersectorial mejorará mucho. Si el presidente se obliga a ocuparse de verdad de la educación y la productividad prestará un gran servicio.
Un gabinete sectorial para la productividad, con los ministerios de Educación, del Trabajo, de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Comercio, Industria y Comercio, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, nos pondría en la lista de países que lideran la educación desde el corazón del poder ejecutivo para aspirar a crecer sostenidamente. Como quien dice, la reforma educativa que Colombia necesita no empieza en el aula, sino en la presidencia.
