Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La construcción del consenso que sigue al de la “seguridad democrática”.
En términos de ideas, la seguridad como garantía de estar libres de coerción de terceros ha ganado mucho terreno en Colombia. Tal vez ninguna formación política se atrevería a cuestionar que dicha garantía debe ser para todos los ciudadanos, aunque pocas le dan gran valor ideológico y programático. Probablemente ni el partido de las Farc, que proviene de la coerción a otros, se declare contrario a lo que se conoce como “seguridad democrática”.
A la gente le molesta sobremanera que delincuentes, antisociales y abusadores organizados se metan con su libertad de disponer sobre sus propias acciones y bienes de acuerdo con la ley. Y que el Estado y el Gobierno se relajen frente al asunto.
Bueno es reconocer también que en relación con el otro aspecto del primer concepto de libertad de Isaiah Berlin, la no interferencia estatal en la esfera privada, los colombianos somos menos decididos debido a la religión. Sin embargo, en términos generales, el centro político acompaña los logros de la agenda LGBTI, que no son pocos (impensables hace una generación). Hay que ser maximalista para estar decepcionado.
En lo que será más arduo el consenso es en la igualdad para alcanzar la llamada libertad positiva, la libertad de autorrealización, especialmente con un desarrollo económico medio y un Estado en déficit fiscal grave como los que tenemos. Así como con la seguridad democrática, ¿será posible un acuerdo fundamental sobre la “igualdad democrática”?
Aparentemente, sería más fácil ponerse de acuerdo sobre lo que NO se quiere: igualitarismo. Ni de ingresos ni de activos. La idea de un país de propietarios ha sido planteada desde la centro izquierda y la centro derecha, y en ningún caso ha significado propiedades iguales para todos, ni regaladas.
Esto equivale a NO buscar “igualdad de resultados”, pero entonces los partidarios de la garantía judicial de derechos económicos y sociales (crecientes) se opondrán duramente a la “igualdad de oportunidades” y seguiremos empantanados para definir unos principios claros y coherentes de las políticas públicas (en últimas, del modelo de sociedad).
Sin entrar en el bagaje académico internacional de esta teoría (Elizabeth Anderson), la igualdad democrática podría describirse como el ideal de asegurar unas condiciones materiales mínimas para nivelar la cancha a los más desfavorecidos, en un orden de vulnerabilidad, con fines de bienestar y de desarrollo de capacidades.
Si sabemos que la “igualdad de oportunidades” exige intervención (comenzando por los impuestos, y ahora hay acuerdo técnico en bajárselos a las empresas y acuerdo social para reducir el IVA), y que “igualdad de resultados” es tan relativo como “nivelar la cancha”, podríamos estar abiertos a diseños más experimentales que ideológicos. Claramente, cuánto se usen los mercados en el cambio social dependerá de la inclinación de ideas del gobierno de turno.
Pero, en esencia, deberíamos mantenernos distantes de las ideas que Petro puso en práctica en la Alcaldía de Bogotá y de la ideología que nutre el acuerdo con las Farc. Necesitamos consistencia por lo menos hasta 2032, de cuatro mandatos, cuya preocupación central sean las libertades y la autorrealización. No importa tanto el partido como la visión compartida a la que responda el Gobierno.
