Se supone que los sistemas complejos se autorregulan para asegurar su supervivencia. La sociedad como sistema social integra los subsistemas económico, político y cultural. En Colombia, claramente, las fallas del sistema son múltiples y protuberantes.
Lo que estamos viendo con el denominado paro nacional prolongado o indefinido es una interacción traumática entre los subsistemas. Dependiendo de la perspectiva, unos dirán que las fallas económicas (del capitalismo) han provocado la crisis (de gobernabilidad) o disfuncionalidad en el subsistema político.
Otros, que las fallas del subsistema político (al no absorber y tramitar las demandas sociales) son las que han llevado a la vulneración del subsistema económico con los bloqueos. Y algunos, que la interacción brusca entre lo político y lo económico está mediada por fallas en el subsistema cultural (que moldea la comprensión de los otros ámbitos y los comportamientos).
Aunque con diferencias, tiende a aceptarse que el sistema es dominado por el subsistema político. Cuando los muy inconformes salen a las calles, suelen dirigir sus peticiones al Gobierno, no a los capitalistas. Se entiende que los políticos en el poder pueden tomar decisiones sobre el subsistema económico.
La racionalidad aparente de los bloqueos y el vandalismo es impedir que el Gobierno (más precisamente el Estado, instrumento del ámbito político) cumpla su función de mantener el orden público para volverlo ineficaz y conseguir su remplazo, pero las consecuencias inmediatas son costos sociales y económicos mayúsculos e insostenibles para el sistema.
Si prima la racionalidad política de las manifestaciones del paro y los bloqueos, no importan sus costos económicos y sociales realmente. De lo que se trata es del poder, de doblegarlo o tomarlo, no de conseguir concesiones de este, y de ahí las peticiones imposibles de cumplir.
La racionalidad política es la que explica que los convocantes del paro no hagan algo real para evitar los bloqueos y el vandalismo, como ir con las autoridades a dialogar con quienes pueden desmontarlos.
Más bien propugnan por quitar la Fuerza Pública (aun si cumple todos los protocolos de derechos humanos) para que bloqueen todo lo que quieran y por evitar la judicialización. Se trata de una división del trabajo no tan espontánea: unos hacen el trabajo político pacífico y otros, el violento.
Es una apuesta política muy dura porque la mayoría de la población puede llegar a concluir que son costos demasiado altos. Cayeron la reforma tributaria, el minhacienda, la reforma a la salud, la Copa América, la gobernabilidad de Duque. Ya no hay más cosas para tumbar.
La Constitución de 1991 goza de buena legitimidad. Las reformas pensional y laboral no existen. La nueva tributaria no cometerá el mismo error. ¿Una renta básica universal con billetes sin respaldo del Banco de la República? Para eso es mejor esperar a las elecciones de 2022 y escoger al candidato que lo prometa, con votos.
Se volvió aceptable descalificar la persona del presidente, pero no hay que confundirse: hemos llegado a esta situación porque el sistema no se está autorregulando bien para adaptarse, regenerarse y supervivir. Eso no sería gran problema si hubiera una buena alternativa.
