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Convertir la indignación ciudadana en ira no ayudaría mucho a buscar soluciones. La no asunción de responsabilidad del presidente Santos, menos.
Cuidar y hasta cultivar la indignación ciudadana contra la corrupción es obviamente legítimo en política y le presta un valioso servicio a la sociedad y a la democracia. Lo que no sería tan bueno es llegar al límite en el que se empuja a la gente hacia la ira y el odio. Y ese límite es una tentación en el juego por conseguir un electorado adepto disruptivo. Este es un extremo.
El otro extremo es el "me acabo de enterar" y no aceptar la renuncia del director de la DIAN, "por el lío este de los afiches en la campaña del 2010. Pero el doctor Santiago Rojas no tiene ninguna responsabilidad". De paso, cero responsabilidad política asume el presidente. Hasta que más revelaciones de la Fiscalía o desde Brasil lo obliguen, pero entonces será tarde para que ejerza algún liderazgo frente al problema.
Por fortuna, estos dos extremos no son lo único que tenemos. Hay una pequeña multitud o inmensa minoría de líderes en los distintos partidos y en la tecnocracia genuinamente comprometidos contra la corrupción. La idea de que esa causa es exclusiva de una fuerza política resulta poco estratégica en términos de país, pues ninguna fuerza política puede seriamente prometer que sola combatirá con éxito la corrupción dentro del Estado y de agentes privados.
Se dirá, con aparente pragmatismo, que primero se ganan las elecciones con un discurso de supremacía moral en el tema —y algo de rabia, que suena mejor que odio— y luego se llama a los posibles aliados de otras huestes a la lucha real contra la corrupción. Puede ser. Pero vale recordar una frase de Sergio Fajardo según la cual la forma de hacerse elegir marca la forma de gobernar. Y Trump parece darle la razón.
Que la indignación ciudadana tenga varios intérpretes con diferencias programáticas ayuda a que solo marginalmente se convierta en ira, y a que la elaboración de soluciones sea más racional y robusta políticamente. Por ejemplo, ni los mandatos de la consulta popular verde que está recogiendo firmas ni ninguna otra medida individual que hayamos pensado hubiesen servido para impedir la corrupción hasta ahora conocida del caso Odebrecht.
Tenemos que aceptar que el problema es demasiado complejo y requiere una fuerza multipartidista para algo más que sacar nueva legislación. @DanielMeraV
