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El día de la posesión del ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, se anunció que su apuesta era “la construcción de consensos en torno al proyecto de ley estatutaria de educación”. Días después, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se informó que tal proyecto de ley no se volvería a presentar. Sorprende, después de la lora que dieron, pero la noticia es buena.
El consenso previo era que la estatutaria no resultaba necesaria (con el pretexto de sistematizar jurisprudencia constitucional armaron un galimatías). El gobierno metió al subsector en una desgastante discusión legislativa, por momentos absurda (como cuando la plenaria de la Cámara notó que iba a rebajar las penas de los condenados por una peculiar aplicación del derecho fundamental a la educación), de la que, sin embargo, quedaron dos consensos valiosos.
El primero, que la confluencia de oferta estatal y privada en la educación, que nos parecía tan normal y por eso no apreciábamos suficiente hasta que el populismo la amenazó, es un gran activo del país. El símbolo de ese consenso es la “carta abierta al Congreso de la República a la ministra de Educación”, que firmaron más de 200 líderes del sector y del ámbito empresarial, convocados por Diálogos de Futuro y Connect (CUEE Bogotá-Cundinamarca).
El segundo consenso es más técnico: que tal vez 2024 será el año en el que aceptemos ampliamente que el concepto de “educación superior” ya no basta para pensar la realidad y la evolución inevitable del subsector. Es sintomático que la introducción del término “educación terciaria” en la enmienda que hizo la Comisión Primera del Senado haya sido uno de los motivos del repudio de la bancada del gobierno hacia la estatutaria cuando esta llegó a la Plenaria del Senado.
El gobierno quería dar carácter de derecho fundamental a la educación superior, y cuando le explicaban que múltiples formas de cualificación con demanda en el mercado laboral no cabían en ese concepto tradicional, era más difícil que sostuviera la idea de “derecho fundamental”, exigible judicialmente. Convertir la formación laboral por micro-credenciales en un “derecho fundamental”, cuando las IES estatales no tienen esa oferta, era claramente un contrasentido, por ejemplo.
La nueva comprensión introducida por la “educación terciaria” en el debate también planteaba un dilema, al menos de modo intuitivo: crear un “derecho fundamental” solamente para quienes opten por pregrados o ciclos universitarios, cuando la mayoría no lo hace, o prometer gratuidad para todas las formas de cualificación posterior a la educación media (grados 10 y 11), que son ofrecidas por el mercado (instituciones privadas).
El gobierno no podía salir bien librado con ese cambio conceptual, que intenta captar unas tendencias sociales, económicas y tecnológicas soterradas o visibles que están modificando las demandas a la “educación superior”, ignoradas por el gobierno. Se trata de una comprensión a medio camino, retadora, que tiene que ver con la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30/1992, al parecer la prioridad del nuevo ministro.
