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Con mejor enfoque, $1,2 billones alcanzarían para impactar más a 3 millones de “ninis”, no a 100 mil.
Con los 1,2 billones de pesos anuales que el gobierno está dispuesto a gastar en cien mil gestores de paz, podría hacer mucho más y mejor por la juventud excluida, los cerca de tres millones que ni estudian ni trabajan, pero le pueden sus instintos de regalar dinero para crear una legión incondicional.
Son múltiples las herramientas de política pública para buscar que estos recursos públicos ofrezcan un tránsito de inclusión social y productiva sostenible a la juventud vulnerable. En primer lugar, no tiene que ser un millón de pesos mensual, sino menos, y no debe ser una transferencia no condicionada.
Es más: no debería ser una transferencia directa, sino indirecta, a través de un agente o actor social que certifique o reciba el valor de contraprestación del joven beneficiado, es decir, transferencia condicionada. La única manera de controlar efectivamente el cumplimiento es con la participación de instituciones intermedias idóneas de la sociedad civil, no con las alcaldías.
Pero claro: es más fácil y rentable electoralmente una transferencia directa no condicionada. Ahora, ¿cuál es el sentido o propósito de la transferencia? El presidente ha dicho que busca competir “en esas zonas con el salario que entregan las organizaciones multicrimen”. Es un mensaje muy inconveniente y merece un párrafo aparte.
Sociológicamente, solo una pequeña fracción de los jóvenes muy vulnerables tiene la inclinación de resolver sus necesidades acudiendo al delito, gracias a las nociones morales del bien y del mal. Por el reverso, el presidente está diciendo que si no les paga un millón de pesos mensual, 100.000 jóvenes se meten al crimen. No ocurrirá, pero está excusando a los que lo hagan.
Así, la transferencia buscaría que no hagan algo, volverse delincuentes, en lugar de perseguir que hagan algo, trabajen, darles la oportunidad de ser productivos para sí mismos y la sociedad que les paga. La diferencia es fundamental. Más o menos la diferencia que hay entre justificar el delito si se carece de recursos y promover una ética del trabajo como fuente de dignidad y de ingresos.
Si el propósito fuera la ética del trabajo para una sociedad productiva, el gobierno distribuiría los 1,2 millones de pesos con vales en sectores y tipos de actividades a cargo de micro y pequeñas empresas, organizaciones comunitarias, entidades sin ánimo de lucro, instituciones educativas, que requieren trabajos no calificados o manuales y que no tienen recursos para pagarlos.
Cuando el gobierno dice “100 mil jóvenes gestores de paz” está hablando de otra cosa, difícilmente de trabajo que se nota. Tantos jóvenes podrían ser “gestores de paz” si se entiende la función como desactivarse a sí mismos como perturbadores de la paz, pero eso nos lleva de nuevo a cuál es el segmento de la juventud excluida que tiene en mente o privilegia el gobierno.
Ya sabemos que el gobierno tiene una debilidad enorme por los jóvenes politizados que cometen excesos en las protestas sociales, tipificados en el Código Penal, pero esa es una minoría de los que no estudian ni trabajan (ninis). Muchos ninis tienen el espíritu para encargarse de iniciativas comunitarias y productivas y poner a trabajar a otros ninis; faltaría que el gobierno no quiera pagar por hacer nada, sino por hacer algo productivo y diseñara algo mejor.
Así no alcance a incidir en las elecciones regionales de 2023.
