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Conflicto de intereses conduce a que evaluación de competencias incluya “reconocimientos meritorios”.
No tengo que esforzarme mucho para hallar el tono de hablarles a los docentes: me sale el de un hijo que siente que su padre está haciendo algo incorrecto, pero no puede excederse en la reprimenda. El caso es con Fecode, pero los maestros tienen razones económicas para apoyar al sindicato.
Dicho eso, perdón si los preocupo: i) la evaluación de competencias para ascenso de grado y reubicación de nivel salarial que lograron en este gobierno no se corresponde con el mandato del Decreto-Ley 1278 de 2002, y ii) un próximo gobierno responsable no podrá aceptarla sin más, empezando por el impacto fiscal, lo que puede llevar a instancias judiciales.
El artículo 35 del 1278/2002 dice que la evaluación de competencias “debe permitir la valoración de por lo menos los siguientes aspectos: competencias de logro y acción; competencias de ayuda y servicio; competencias de influencia; competencias de liderazgo y dirección; competencias cognitivas; y competencias de eficacia personal”.
Lo que el ministerio de Educación implementó, por el acuerdo colectivo con Fecode de 2023, es otra cosa. Adoptó cinco “instrumentos” de evaluación que suman 100 puntos, así: 1) prueba pedagógica escrita (que otorga de cero a 45 puntos); 2) autoevaluación del desempeño (de cero a 5 puntos); 3) valoración de experiencia (es decir, de la antigüedad, de 14 a 20 puntos); 4) valoración de zona de desempeño (de 12 puntos, zona urbana de municipios y distritos certificados, a 15 puntos, zona rural de difícil acceso), y 5) valoración de movimientos en el escalafón docente (de 7 puntos para los que han tenido cuatro movimientos hasta 15 puntos para los que no han tenido ningún movimiento).
La discusión legal (y metodológica) se centrará en demostrar que estos instrumentos sí o no evalúan las competencias que señala el 1278/2002. En el peor de los casos, un docente arranca con 38 de los 80 puntos que necesita para el mejoramiento salarial. Riñe un poco con la noción de evaluación. De hecho, la Resolución 025624/2023 del ministerio usa la expresión “reconocimiento meritorio” para tres de los instrumentos.
Eso explica que en 2024 el 80 % de los 103.025 educadores que se presentaron pasó la evaluación, 50.000 más que en la prueba de 2018-2019. Y según el sindicato, el Ministerio de Hacienda ya dio el aval para el movimiento salarial de 40.000 más. Ciertamente, el Gobierno le está cumpliendo a Fecode, pero eso tiene dos problemas.
Primero, encierra un conflicto de intereses, pues Fecode fue financiador de la campaña electoral del candidato Petro. El sindicato representa un interés particular o gremial, y el Gobierno está obligado a defender el interés general. Cuando el conflicto de intereses conduce a que el Gobierno desconozca la ley, el Estado de Derecho debe prevalecer.
Segundo, es una política pública que no contribuye bien a la calidad de la educación en términos de costo-beneficio. Los resultados de aprendizaje de los estudiantes por institución educativa tienen que hacer parte de la ecuación de la trayectoria profesional y la remuneración de los docentes.
Con cariño hay que explicarles a los maestros que hemos llegado a una situación insostenible con la financiación y la distribución del presupuesto de educación.
