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Un pacto con tres medidas razonables para que el “adoctrinamiento” baje como motivo de disputa.
No es fácil encontrar beneficios del escalamiento de la controversia entre el sindicato del magisterio y el principal partido de gobierno. ¿A dónde conduce? Con el actual lenguaje no es claro, pero si se usaran otros términos la conversación podría volverse productiva.
Estamos en mora de reconocer que la división en torno a la historia política de este siglo o contemporánea se reproduce en la educación. Y que las relaciones de la política con la educación deben ser pensadas y acordadas para proteger la educación, que es un bien común.
En pocos ámbitos la política puede adquirir tan fuerte aspecto ideológico como en la educación. Todos sabemos que allí se moldean los valores, las mentalidades, las actitudes, los comportamientos. Nadie que esté en la política con una opción ideológica es indiferente a la función cultural de la educación.
Y justamente por ello se necesitan reglas de juego para la relación entre la política y la educación. La primera, entendida como la disputa por el poder y la segunda, como el espacio por excelencia constructor de nación. La educación, la Fuerza Pública y las relaciones exteriores son ámbitos que requieren acuerdos fundamentales por el bien del país.
No estamos bien desde hace un tiempo en estos tres frentes con la forma en que los discutimos. Dado que la política tiende a recurrir a los instintos primarios y la sobresimplificación, es difícil mantener matices en el debate mediático, pero hay que hacer un esfuerzo.
Para el caso entre Fecode y el CD, el tema es el “adoctrinamiento”, es decir, la transmisión (incontrolada) de las preferencias ideológico-políticas de los docentes a los alumnos en la comunidad escolar, no solo en el aula. Fecode lo niega, pero más fidedigno sería que alegara que la “neutralidad valorativa” es una problemática no resuelta en el mundo.
El “adoctrinamiento” se puede localizar, para efectos prácticos, en el área de ciencias sociales y la enseñanza de la historia involucrada, que no es solo la contemporánea. El pacto que sugiero para avanzar en resolver este problema de politización (e ideologización) de la educación es el siguiente:
i) Hasta noveno grado, historia y geografía para fomentar el patriotismo (que es distinto del nacionalismo), el civismo y una visión de Colombia como un proyecto que ha avanzado pese a todo y merece nuestras mejores energías.
ii) Hasta noveno grado, se enseñaría historia de Colombia solo hasta la Constitución de 1991.
iii) En la media, grados 10 y 11, se introduciría el debate crítico y pluralista de la historia contemporánea de Colombia.
¿En qué es distinto esto de lo actual? i) Historia y geografía serían materias independientes hasta noveno grado, en lugar de ciencias sociales (la Ley 1874 de 2017 hizo lo contrario); ii) un objetivo específico de la básica primaria no sería la “iniciación en el conocimiento crítico de la historia de Colombia”, como dice la ley.
No. En quinto de primaria no necesitamos que profesores se sientan muy profundos y críticos diciendo que la independencia fue una sustitución de oligarquías. Necesitamos que los niños valoren y se sientan orgullosos de la revolución que nos llevó a ser una república con igualdad ante la ley. Y esto debe estar explicado en los libros de texto públicos que reciban todos los estudiantes.
Ya en la educación media estaría bien iniciarse en la historia crítica, con una condición: que el sistema escolar nos haya hecho el favor de sacar de la básica secundaria jóvenes con una comprensión lectora básica, que sepan leer. No adolescentes que repiten como loros consignas y no leen bien dos páginas.
La ley también dice que un objetivo específico de la básica secundaria es “el estudio científico de la historia nacional, latinoamericana y mundial, apoyado por otras ciencias sociales, dirigido a la comprensión y análisis crítico de los procesos sociales de nuestro país en el contexto continental y mundial”. A los 15 y 16 años. Una muestra de la seriedad con la que nos tomamos las cosas de la educación.
Hacer esos ajustes (razonables) a la Ley general de educación (115 de 1994) es urgente, mientras se hace la reforma estructural. Sin embargo, el CD en educación está en la posición incómoda de ser partido de gobierno que lanza batallas inciertas en lugar de impulsar cambios ciertos desde el gobierno.
