Tener la matrícula mal distribuida por áreas del conocimiento y no hacer nada, por ejemplo.
En Colombia los gobiernos sacan pecho por aumentar el presupuesto nacional de la educación, que en realidad no alcanza para los compromisos de gasto adquiridos, ni se diga para las necesidades. Pero no sacan pecho por lo que logran con cada “presupuesto más alto de la historia”. No tenemos una conciencia vigilante de la cobertura y menos de la calidad.
“Aumentamos el presupuesto en este monto para que los niños (y niñas) aprendan más y se formen mejor, logros que mediremos con estos indicadores”. Ese no es nuestro lenguaje oficial. Aquí se cree que el presupuesto es el objetivo y estamos atrapados en unas estructuras de gasto y en unas reglas que impiden que el presupuesto sea instrumento de mejores políticas públicas educativas.
En educación superior este problema es más evidente. “Ministro, felicitaciones por los nuevos recursos para las universidades públicas, y una inquietud: ¿eso ayudará con la composición de la matrícula de pregrado por áreas de conocimiento?”. En una rueda de prensa la pregunta sonaría extraña. En el escenario más benévolo, la respuesta sería que la oferta de carreras es potestad de las instituciones de educación superior, que gozan de autonomía.
No se recuerda un ministro de Educación que haya dicho que no dormía bien por la baja cantidad de estudiantes que tenemos en “Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística” (61.892 a 2022) y por la altísima cantidad en “Administración de Empresas y Derecho” (876.101). De hecho, una reciente nota técnica sobre matrícula en educación superior 2022 del respectivo viceministerio presentó los datos por sector, por nivel de formación y por metodología, pero no por área de conocimiento.
Es obvio que estamos hablando carreta sobre desarrollo económico si no nos importa que el número de estudiantes de “Ciencias Sociales, Periodismo e Información” sea 3,5 veces el de los de “Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Veterinaria” (260.761 y 72.512, respectivamente). Pues bien: i) el presidente y el ministro sí tienen responsabilidad sobre la oferta estructuralmente desajustada de pregrados, y ii) el presupuesto es tal vez la principal herramienta para inducir un ajuste gradual y sostenido.
Primero se necesita a dos personas en esos cargos convencidas de ambas cosas, surgidas de una masa crítica en el tema, que eso facilitará establecer fondos concursables para estructurar pregrados y posgrados en disciplinas de subáreas del conocimiento que no tenemos, sí necesitamos y van aceleradas en el mundo.
Probablemente esas propuestas requieran combinar capacidades de universidades y centros de investigación, y becas para atraer talentos y mejores políticas de financiación de la investigación para atraer investigadores, si somos capaces de coordinar con los recursos de MinCiencias, que habría que aumentar dramáticamente, no para dispersarlos en proyectos de corto alcance. Claro, habrá que explicar con paciencia que lo de estatal y privado no es pertinente para semejante reto de país.
Esto ha sido un ejemplo, de varios posibles, para mostrar lo que en la literatura se ha conocido como “hacer coincidir las estrategias de financiamiento de la educación superior con las prioridades nacionales”.
Y las prioridades nacionales no se cambian cada cuatro años. Necesitamos refinar el campo político para que haya suficientes diferencias en un marco fundamental para la competencia democrática y no perdamos tiempo volviendo a discutir los fundamentos.
