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Una concepción de incentivos para que nos importe el logro económico de los egresados.
Tenemos dos problemas de financiación en el acceso a la educación posmedia (no solo superior): i) la matrícula de bachilleres de estratos 1, 2 y 3 que no consiguen cupo en las instituciones estatales. Como dato indicativo, en 2023 y 2024, 267.034 bachilleres no pudieron acceder a cupos disponibles en educación superior oficial por razones académicas y económicas.
ii) El sostenimiento de estudiantes de hogares de bajos ingresos tanto en instituciones oficiales como privadas. Este segundo problema suele subvalorarse, aunque explica buena parte de la inequidad en el acceso y de la deserción. En el periodo 2015–2025, solamente el 6 % de los créditos del Icetex se orientó a sostenimiento.
El instrumento que hemos tenido para enfrentar esos problemas es el Icetex, que el gobierno Petro desfinanció porque quisiera que toda la oferta de educación sea estatal. De un promedio de 25.000 nuevos beneficiarios de crédito por semestre entre 2020 y 2024, bajó a 5.255 en 2025-1 y a 4.087 en 2025-2, y retiró subsidio a la tasa de interés a cientos de miles de usuarios.
Ante un ajuste fiscal inevitable, la perspectiva de financiación del Icetex es incierta. La Ley 2568 de 2026, que incrementará las transferencias de la nación a las instituciones de educación superior oficiales, no resuelve los dos problemas mencionados. Es necesario, entonces, pensar una nueva estrategia financiera estructural para el Icetex.
Dicha estrategia requiere adoptar cuatro principios: i) gratuidad diferencial en lugar de gratuidad universal (dar según la necesidad, con criterio redistributivo); ii) trato financiero igual del Estado para individuos en situaciones socioeconómicas similares (en vez de gratuidad para unos y deuda para otros); iii) retribución solidaria contingente al ingreso en lugar del actual crédito “hipotecario” del Icetex, y iv) reparto del riesgo de bajo logro económico de los egresados para que más agentes procuren su empleabilidad o productividad (actualmente está concentrado en el Estado, con gratuidad, o en el individuo, con crédito).
Bajo los actuales principios no es posible diseñar una política de financiación del acceso a la educación posmedia sostenible y sensible a la equidad, como la siguiente: la inversión se individualiza y tiene dolientes diversificados para sus rendimientos. Se “titulariza” en cada estudiante.
Si el egresado tiene éxito económico, ganan el propio individuo (mayormente), la institución formadora y el Estado (que recuperan una fracción de la inversión). Si el estudiante deserta o el egresado tiene retornos negativos o mediocres, pierden todos, literalmente, dinero. Es decir, se crea un ecosistema de financiación donde varios agentes tienen interés en que al joven le vaya bien y por eso no lo dejarán solo.
Con este marco, cabe una estrategia con instrumentos como: i) TES a 20 años por cinco billones de pesos anuales (triplicando impacto del Icetex) para fondear financiación contingente al ingreso (FCI) y amortizar los TES con los repagos (diferenciales) de los graduados (el modelo australiano: el Estado es el intermediario financiero).
ii) Con 5–7 años de historia estadística de repagos, se puede titularizar esos derechos de cobro en un vehículo de propósito especial, vendiendo bonos a las AFP y aseguradoras para recapitalizar el Fondo y ampliar la cobertura. Y ahí sí todos van a estar pendientes de la pertinencia, la calidad y la permanencia en la educación posmedia (aprendiendo de la experiencia inglesa).
iii) En paralelo, IES de alta calidad pueden hacer acuerdos de ingreso compartido con fondeo privado para estudiantes en programas con alta empleabilidad y retornos demostrables, como funciona en Colombia desde hace años con Lumni.
La actual modorra de la educación posmedia como un gasto sin retorno claro para la sociedad no nos sirve si queremos movernos hacia un desarrollo alto y sostenido.
