Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Ya ensayamos superministerios y se revirtió sin drama.
Esta columna es una secuela de “Adelgazar y tecnificar el Estado” (07/oct/2024), que enfatizó que “no basta recortar decenas de miles de corbatas en tiempos de IA”. La reforma del Estado colombiano es una necesidad imperiosa, pero no es lo mismo que recortar su tamaño burocrático.
Una reforma del Estado procede por funciones y capacidades, en medio de una revolución tecnológica que permite que las capacidades no dependan del tamaño de la estructura administrativa. Pero incluso para cortar la “grasa” evidente hay que usar bisturí quirúrgico, no motosierra, no machete.
Por ejemplo: el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Hay que mostrar cuáles funciones se preservan en otras entidades y cuáles se suprimen por decisión política. El bisturí tal vez podría identificar que las funciones del Viceministerio de las Mujeres requieren una capacidad inexistente. La motosierra no.
Ahora, hablando de ministerios, se procede por diferenciación funcional (campo de política pública), claridad de la responsabilidad política y costos de coordinación. No por nada muchas democracias suelen moverse entre 16 (Alemania) y 22 (Reino Unido) ministerios, incluso después de décadas de reformas administrativas. Colombia, que está en 19, ya ensayó varios superministerios (Ley 790 de 2002) y revirtió parcialmente (Ley 1444 de 2011) el ensayo sin drama.
No pervivieron el Ministerio del Interior y la Justicia, el Ministerio de la Protección Social (que había fusionado Trabajo y Seguridad Social y el MinSalud) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Pervive el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (que fusionó Comercio Exterior y Desarrollo Económico). Reducir a 12 el número de ministerios es una decisión técnica compleja, muy distinta de eliminar el derroche, empezando por las órdenes de prestación de servicio militantes y los contratos multimillonarios para hacer reuniones y dar refrigerios.
La literatura sobre ministerios especializados vs superministerios muestra que es delicado el balance entre ventajas y riesgos, sin ignorar el peso de los departamentos nacionales. Precipitarse a una “reforma del Estado” sin bisturí y sin la infraestructura tecnológica para que sea digital tiene, además, unos costos políticos cuando la gobernabilidad no está para cucharas.
En el caso de la idea de fusionar los ministerios de Educación, Cultura y Deportes tenemos que ver la diferenciación funcional y los objetivos sectoriales de país. Cada gran sector de política pública debe tener un responsable político identificable (y sujeto a rendición de cuentas). Si uno solo responde por los resultados en PISA, las medallas olímpicas y el auge de las artes, por decirlo gráficamente, tendremos un problema obvio. A menos que no nos importe cada objetivo por separado (dilución de responsabilidad).
Son tres ecosistemas institucionales distintos, con indicadores de desempeño que pueden rivalizar, actores sociales y economías políticas diferentes. Ciertamente, nuestra educación física está fallando para que tengamos una vida más saludable y seamos una potencia deportiva cuasi-mundial, pero eso se resuelve con coordinación interministerial, no eliminando el ministerio que debe respondernos por múltiples sistemas competitivos deportivos, que es otra cosa.
Ciertamente, nuestra educación no está cumpliendo bien su función cultural en sentido amplio para fortalecer la identidad colombiana, la democracia liberal y el cosmopolitismo. Algo que hace rato tampoco entusiasma en el Ministerio de Cultura. Pero antes de fusiones convendría tomarnos el trabajo de reconceptualizar el “Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes” —rebautizado por este gobierno, no inocentemente— o de aceptar las tensiones naturales entre los dos ministerios, después de bajarle unas rayas a teorías recientemente importadas. Al final, la tarea es tanto técnica como intelectual.
