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Nociones de provisión estatal como oferta y de autonomía universitaria como autarquía, a debate.
En el subsector de la educación superior se está iniciando un proceso de revisión de la auto-comprensión y de su discurso ante la sociedad y el Estado. Algunos hablan de “crisis conceptual”. Como mostró el especial de la revista Nature, se trata de una preocupación internacional.
En un panel de Diálogos de Futuro, en alianza con siete universidades, me voy a permitir señalar tres ideas que son como muletas para el futuro, cuando se necesitan alas, turbinas.
La primera es la noción de “derecho fundamental”, exigible judicialmente por su naturaleza, de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Si pensamos que la educación superior es un derecho fundamental, ¿por qué no actuamos como si creyéramos lo mismo de la llamada Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)?
Nos ha importado cinco la ETDH y, de hecho, hemos mantenido la subvaloración social de la educación técnica y tecnológica (TyT) por décadas. No se nos ocurrió que un adolescente que deserta por razones económicas al terminar grado noveno tenía el “derecho fundamental” a una educación técnica corta (gratuita) para ponerse a trabajar.
Esta hipocresía intelectual y política de letrados ideólogos y coristas ha visto cómo en las universidades públicas subsidiamos a pudientes y a vagos, sin que pensáramos en ofrecer programas de TyT en esas mismas universidades. Odiando el clasismo y la desigualdad mientras se practican con otros.
Nos hemos sentado a la mesa de distribución del presupuesto de educación y sin entereza y sin escrúpulos hemos visto cómo se arrincona a la educación inicial y se premia a la educación superior, aunque el derecho fundamental de los niños tiene primacía constitucional.
Solamente una sociedad llevada hacia la retórica sin conciencia de los costos y de la riqueza necesaria crea más derechos sin cumplir con los que son obligatorios. La educación superior no puede ser universal ni obligatoria, como bien está en la Constitución, pero nos gusta decir que la ley y la jurisprudencia afirman otra cosa. Sí, pero la ley y la jurisprudencia no deberían contradecir la Constitución.
La educación superior es la que mejor puede pedir a los beneficiarios que devuelvan a la sociedad una fracción de los rendimientos privados, por equidad y por sostenibilidad, pero no lo hacemos porque en el fondo somos una sociedad con un bloqueo cultural extendido para la creación de riqueza y porque como sociedad somos incapaces de decirle a un joven que compartiremos su riesgo en el mercado laboral.
Mejor le decimos que tiene un “derecho fundamental”, y que si no puede entrar a una universidad estatal, de malas, que se endeude.
La segunda noción que sirve poco es la de la provisión (del Estado) como oferta. El rol ineludible del Estado es la financiación, no la creación de instituciones de educación superior. Bastante reto es corregir el conjunto de las IES estatales como para ponerse a crear más. Necesitamos pasar de un sistema dual a uno “integrado”.
La tercera noción para revisar es la de autonomía universitaria como autarquía. En la Nacional, la U. de Antioquia, la UniAtlántico y tantas creen que se pueden “gobernar” así con protección constitucional, pero no. La Carta delegó los términos de la autonomía a la ley.
Necesitamos una autonomía más fina y blindada frente a la instrumentalización interna y externa.
La educación superior es demasiada importante para el desarrollo económico y social como para dejarla solamente en manos de quienes está.
