Humo y burocratismo en la política de gratuidad en educación superior

"Y aquí hay que recordarles a los genios populistas que celebran la nueva política de gratuidad y quieren gratuidad universal, que mientras están felices subsidiando 100 % a los estudiantes estrato 3 en las universidades públicas, a los de estrato 1 que no pudieron entrar los mandan a endeudarse al Icetex para que estudien en instituciones privadas" - Daniel Mera-Villamizar.

Foto: Ministerio de Educación

Se desmejora gratuidad diferencial de décadas y se centraliza en el Ministerio de Educación la selección de beneficiarios.

“¿Cuánto pagan del costo los beneficiarios de la educación superior estatal?”: ese es el punto de la gratuidad. En los últimos 30 años hemos tenido tres principios de política: i) “según la capacidad económico-financiera del hogar del estudiante”, ii) tarifas planas, y iii) “matrícula cero” o gratuidad.

Por el primer principio, desde 1993, sí, 1993, en la Universidad Nacional de Colombia miles de estudiantes pagan cero pesos; actualmente, 13.000 alumnos tienen ese beneficio, independientemente de la política del gobierno nacional. Algo parecido pasa en la Universidad de Antioquia. En UniValle, en 2020 el estrato 1 pagaba $225.000 en promedio por matrícula.

Por el segundo principio, en la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), por ejemplo, los diferentes estratos socioeconómicos pagaban lo mismo. Como consecuencia, en algunas carreras, digamos Arquitectura, el estrato 1 en UTCH pagaba 3 veces lo que el estrato 3 en UniValle.

Y la “matrícula cero” o gratuidad consiste en que el Estado paga también el valor de la matrícula liquidada al estudiante, sea una suma simbólica o significativa. La gratuidad grande siempre ha estado por la financiación de la oferta, las transferencias a las universidades sobre todo, pero hacemos bulla, política, por lo menor. Humo.

Mucho antes de la primera creación legal de la matrícula cero (Ley 2155/2021, art. 27), bajo los efectos del paro nacional, hemos debido aplicar consistentemente el principio equitativo de “según capacidad de pago” en todas las universidades estatales, es decir, tener una “gratuidad diferencial”, como la de la UNAL.

Y aquí hay que recordarles a los genios populistas que celebran la “nueva política de gratuidad” y quieren gratuidad universal, que mientras están felices subsidiando 100 % a los estudiantes estrato 3 en las universidades públicas, a los de estrato 1 que no pudieron entrar los mandan a endeudarse al Icetex para que estudien en instituciones privadas.

Este problema moral, el de la inequidad intra-generacional, y el de privilegiar presupuestalmente la educación superior sobre la educación inicial, inequidad inter-generacional, son los que nos deben llevar a un verdadero cambio en el modelo de financiación de la educación superior, sin descuidar su función redistributiva en un marco de alto crecimiento.

Pero creen estar reinventando la gratuidad cuando en realidad la están desmejorando, entre otras razones porque no han encontrado una solución para el rezago de competencias académicas y blandas en el tránsito inmediato a la educación superior. El instinto político los ha llevado a que el MEN decida finalmente quiénes son los nuevos beneficiarios de la gratuidad.

Las IES cargarán la plantilla de admitidos en el SNIES y el MEN cruzará la información con múltiples registros administrativos, que obviamente no están integrados, y “publicará semanalmente el resultado de las validaciones” (beneficiarios). Como hay cupos por universidades (no alcanza para todos) y no hay un algoritmo, la decisión final es del MEN.

En sano juicio, ¿quién quiere quitarles esa tarea a las universidades, centralizarla y cargarse de un trabajo que no está en la naturaleza del MEN? El que tiene interés en ser gran dador de subsidios directos, así empiece a recibir las reclamaciones que antes debían resolver 67 IES. Además, se creó una “junta administradora” para funciones que corresponden al MEN.

Alejandro Gaviria dirá que no tiene nada que ver.

@DanielMeraV