El impacto de la pandemia en la niñez y su desplazamiento político marcan el lustro de la Ley 1804/2016, mientras seguimos engañándonos con la “atención integral”.
En agosto se cumplirán cinco años de la promulgación de la ley que estableció la “política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia” (1804 de 2016). Es buen motivo para una evaluación y discusión pública. Como país no tenemos suficiente experiencia en “políticas de Estado” y la ley refleja eso, pero fue un hecho importante. Mal haríamos en ignorar su lustro de vigencia.
La Comisión intersectorial (CIPI) todavía no presenta el informe de implementación de la política correspondiente a 2020, que probablemente contenga información pertinente para la discusión. No obstante, es claro que el contexto es desfavorable: i) déficit fiscal, ii) impacto de la pandemia en la atención a la primera infancia (PI) y en la niñez, y iii) un desplazamiento de la prioridad política de la PI (hoy la tiene la educación superior).
También es notorio que para ser una “política de Estado” le faltó: i) metas, ii) un acuerdo multipartidista formulado para el largo plazo, iii) una modificación del artículo 67 constitucional (preescolar obligatorio desde los 3 años y consagración de educación inicial), iv) una ley estatutaria que no puedan desconocer las leyes ordinarias de los planes de desarrollo, y v) meter a la sociedad civil organizada con verdaderas atribuciones de seguimiento y evaluación (“los ciudadanos podrán conformar veedurías …” no basta).
Tales ausencias explican, en parte, la relación de la política de PI en virtud de la Ley 1804/2016 con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022: i) el PND no encontró unas metas “de Estado” de las cuales ser tributario como gobierno, ii) la presidencia adoptó una “meta transformacional” del PND de “llegar a 2 millones de niños con educación inicial: aumento del 67%”, y iii) no hubo realmente un compromiso presupuestal fuerte con primera infancia (en 2020 hubo lucha para mantener recursos del ICBF en vigencia de 2021).
Según las bases técnicas del PND, en 2018 el 28% de niñas y niños de cero a seis años recibía atención integral, es decir, 1.362.04 (con datos de Encuesta de Calidad de Vida 2016). Una cuestión para revisar en la “política de Estado” es qué se entiende por “atención integral”. De las cuatro modalidades de atención del ICBF, una es integral (institucional/CDI), otra es semiintegral (comunitaria) y las siguientes dos no lo son (familiar y propia e intercultural), pero se suman todas en “atención integral”.
En 2019, ICBF atendió 497.575 niñas y niños en modalidad institucional como parte de un total de 1.749.113 usuarios; en 2020, 469.397 en un total de 1.715.742 usuarios. Una disminución probablemente debida a la pandemia, que impidió cualquier carácter integral (construcción intencionada del desarrollo motriz, comunicacional, cognitivo, socio-emocional). En 2021, con proyecciones del Censo 2018 hechas por el DANE, tendríamos 4.715.480 niños de cero a cinco años. Tres millones de niños perdiendo parte de su potencial y por ahí mismo el país. Y anótese que en transición (cumplidos los 5 años) están lejos de recibir una atención integral en los establecimientos educativos.
Por cierto, y por llamativa ironía, el ICBF reporta en 2020 que recaudó de padres de familia de Hogares Infantiles (un servicio de la modalidad institucional) la suma de $2.545 millones por concepto de “tasa compensatoria” (“bajo el principio de la subsidiaridad, es decir, el que más ingresos tiene aporta más”), pero a los universitarios nos da susto aplicarles el mismo principio.
Bien haríamos en tomarnos en serio una “política de Estado” para la primera infancia (en el marco de una reforma educativa estructural). Por ahora, estamos amagando con volver la “matrícula cero” una política de Estado (menos mal que poco sabemos de esto).
En una sociedad de recursos insuficientes, a los jóvenes que salen a hacer la revolución de los daños les damos $5, $8 y hasta $10 millones de matrícula totalmente gratuita, y a los bebés que todavía no saben reconocer los colores, les damos cero (sin un pestañear ético y moral).
Sería fácil tecnológicamente que la fracción solidaria de los retornos privados de la educación terciaria tuviera un niño vulnerable con nombre propio como titular. A ver si entendemos mejor de qué se trata.
