Icetex, gratuidad y financiación de la demanda
Profundizando un poco, aparecen las diferencias de soluciones de fondo en el espectro político-ideológico.
Asumamos que acordamos en el espectro político-ideológico que los bachilleres de estratos vulnerables no se van a endeudar o a hipotecar por la matrícula de la educación superior, lo que sería un cambio de equidad social vista la cartera del Icetex.
La siguiente pregunta es: ¿entonces todos los bachilleres de los estratos 1, 2 y 3 tendrán que estudiar en IES estatales si quieren gratuidad? La respuesta que comparto es no. Petro diría que sí y Fajardo probablemente dudaría.
Es decir, deberíamos tener gratuidad también con financiación a la demanda, lo que intuitivamente conduce a que no se debe “acabar el Icetex”, como ha propuesto el populismo.
En cualquier caso, sea “matrícula cero” en IES públicas o becas en IES privadas, comparto la noción de gratuidad con compromiso de solidaridad intergeneracional (en cuya administración se necesita al Icetex), pero todavía no estamos preparados para esa conversación.
Dos cuestiones previas: i) asumamos que acordamos que los jóvenes de estratos vulnerables se gradúan del bachillerato con las competencias necesarias para la educación superior, lo que sería otro cambio e implicaría reformas institucionales y mayor financiación pública desde la educación inicial.
Y ii) asumamos que acordamos que la educación terciaria estará alineada claramente con los objetivos nacionales y regionales de desarrollo económico-social y, por ende, con las necesidades del mercado laboral en evolución, lo que implicaría intervenir en la oferta de educación superior.
Recordemos que la composición de la matrícula por niveles y por áreas de conocimiento no es la adecuada para el desarrollo económico-social. La matrícula en técnica profesional no alcanza el 4%, y sus 29 instituciones están muriendo, como mostró un detallado análisis del Observatorio de la Universidad Colombiana, por ejemplo.
Por áreas del conocimiento, nos damos el lujo auto-saboteador de tener alrededor de 2% de matrícula en agronomía, veterinaria y afines, y un poco menos en matemáticas y ciencias naturales, 7% en ciencias de la salud, y así estamos indefensos ante el COVID-19, mientras ciencias sociales y humanas (17%) dobla a ciencias de la educación (8%), por ejemplo, con datos de 2018.
Tendríamos que discutir las formas legítimas y democráticas de esa intervención en la oferta de la ES, pero asumamos que tal vez la principal es la financiación pública, tanto a la oferta (instituciones) como a la demanda (estudiantes).
La esencia de la fórmula actual nos condena: “la oferta de programas se crea por autonomía universitaria y la financiación se decide por paros”. Esto es, no existe una capacidad de dirigir la educación superior.
Recientemente, una universidad pública creó un programa de comunicación social y periodismo en una ciudad cuyas plazas de trabajo se podrían atender mediante un programa conjunto con la Universidad de Antioquia, con múltiples beneficios para todos, pero ese es un ejemplo de cómo funciona la oferta en el subsistema.
La financiación de la oferta de ES está desligada de las necesidades de desarrollo del país porque no tenemos prioridades, y la financiación de la demanda …también. Para tener un programa robusto de becas con compromiso de solidaridad intergeneracional orientado hacia carreras determinadas por objetivos de país solamente hacen falta dos milagros de mentalidad.
Que no nos importe si el gato es negro o blanco con tal de que cace ratones con similar calidad y precio, y que seamos capaces de adoptar y aceptar prioridades (es decir, sin darle gusto a todo el mundo), y de sostenerlas razonablemente.
O, de modo más optimista, un milagro en el liderazgo político, que logre corregir el diseño institucional de la educación, lo que supone saber para qué lo corrige.
Profundizando un poco, aparecen las diferencias de soluciones de fondo en el espectro político-ideológico.
Asumamos que acordamos en el espectro político-ideológico que los bachilleres de estratos vulnerables no se van a endeudar o a hipotecar por la matrícula de la educación superior, lo que sería un cambio de equidad social vista la cartera del Icetex.
La siguiente pregunta es: ¿entonces todos los bachilleres de los estratos 1, 2 y 3 tendrán que estudiar en IES estatales si quieren gratuidad? La respuesta que comparto es no. Petro diría que sí y Fajardo probablemente dudaría.
Es decir, deberíamos tener gratuidad también con financiación a la demanda, lo que intuitivamente conduce a que no se debe “acabar el Icetex”, como ha propuesto el populismo.
En cualquier caso, sea “matrícula cero” en IES públicas o becas en IES privadas, comparto la noción de gratuidad con compromiso de solidaridad intergeneracional (en cuya administración se necesita al Icetex), pero todavía no estamos preparados para esa conversación.
Dos cuestiones previas: i) asumamos que acordamos que los jóvenes de estratos vulnerables se gradúan del bachillerato con las competencias necesarias para la educación superior, lo que sería otro cambio e implicaría reformas institucionales y mayor financiación pública desde la educación inicial.
Y ii) asumamos que acordamos que la educación terciaria estará alineada claramente con los objetivos nacionales y regionales de desarrollo económico-social y, por ende, con las necesidades del mercado laboral en evolución, lo que implicaría intervenir en la oferta de educación superior.
Recordemos que la composición de la matrícula por niveles y por áreas de conocimiento no es la adecuada para el desarrollo económico-social. La matrícula en técnica profesional no alcanza el 4%, y sus 29 instituciones están muriendo, como mostró un detallado análisis del Observatorio de la Universidad Colombiana, por ejemplo.
Por áreas del conocimiento, nos damos el lujo auto-saboteador de tener alrededor de 2% de matrícula en agronomía, veterinaria y afines, y un poco menos en matemáticas y ciencias naturales, 7% en ciencias de la salud, y así estamos indefensos ante el COVID-19, mientras ciencias sociales y humanas (17%) dobla a ciencias de la educación (8%), por ejemplo, con datos de 2018.
Tendríamos que discutir las formas legítimas y democráticas de esa intervención en la oferta de la ES, pero asumamos que tal vez la principal es la financiación pública, tanto a la oferta (instituciones) como a la demanda (estudiantes).
La esencia de la fórmula actual nos condena: “la oferta de programas se crea por autonomía universitaria y la financiación se decide por paros”. Esto es, no existe una capacidad de dirigir la educación superior.
Recientemente, una universidad pública creó un programa de comunicación social y periodismo en una ciudad cuyas plazas de trabajo se podrían atender mediante un programa conjunto con la Universidad de Antioquia, con múltiples beneficios para todos, pero ese es un ejemplo de cómo funciona la oferta en el subsistema.
La financiación de la oferta de ES está desligada de las necesidades de desarrollo del país porque no tenemos prioridades, y la financiación de la demanda …también. Para tener un programa robusto de becas con compromiso de solidaridad intergeneracional orientado hacia carreras determinadas por objetivos de país solamente hacen falta dos milagros de mentalidad.
Que no nos importe si el gato es negro o blanco con tal de que cace ratones con similar calidad y precio, y que seamos capaces de adoptar y aceptar prioridades (es decir, sin darle gusto a todo el mundo), y de sostenerlas razonablemente.
O, de modo más optimista, un milagro en el liderazgo político, que logre corregir el diseño institucional de la educación, lo que supone saber para qué lo corrige.