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Una oportunidad de poner en práctica un post-neoliberalismo y un post-estatismo.
Con el auge del neoliberalismo, hará unos 30 años, “una pregunta recorrió América Latina”: ¿qué está haciendo el Estado que lo pueda hacer mejor el sector privado? Tal vez algunos crean que con el giro de la región a la izquierda es el momento de la pregunta contraria: ¿qué está haciendo el sector privado que lo pueda hacer mejor el Estado? Ya sabemos que las propuestas causan aguda polémica (no solo en Colombia), y que es bastante difícil devolverse al pasado.
Lo que parece más razonable hoy es un post-neoliberalismo y un post-estatismo con una pregunta nueva: ¿qué puede hacerse mejor en sinergia (arreglo institucional) entre el Estado, el sector privado (con ánimo de lucro) y el tercer sector (sin ánimo de lucro), en lugar de por una de las partes solamente? Como he insistido en el caso de la educación superior (pasar de un sistema “dual” a uno “integrado”), esto supone reconocer igual legitimidad a las partes, aceptando de antemano que no es tan simple con el ánimo de lucro.
Sin embargo, en la atención integral a la primera infancia hay una oportunidad porque no existen subsistemas y básicamente podemos crear un sistema muy innovador, venciendo prejuicios ideológicos (e intereses políticos).
De un lado, tenemos a miles de operadores sin ánimo de lucro del ICBF, a los que el Estado somete a unas condiciones que les impide consolidarse como prestadores idóneos del servicio (no remuneración de la administración, contratos a un año o menos, discrecionalidad en la escogencia). Con un enfoque de sinergia estatal-privado, se filtraría a los que son piratas entre los operadores del ICBF y a los que han mostrado vocación por la primera infancia se les daría un trato de instituciones valiosas para el país.
De otro lado, tenemos a miles de jardines infantiles privados, de los cuales sabemos muy poco porque no han merecido la atención del Estado, aunque sin ellos tendríamos un déficit de cobertura todavía más grande. No necesitamos crear instituciones oficiales de atención integral a la primera infancia porque es posible apoyarse en el conjunto de instituciones que ha producido la sociedad, mediante regulación e incentivos.
Si los padres y madres de familia pudieran entrar a una página web para buscar el prestador de atención integral a la primera infancia más cercano a su vivienda, con las características del servicio, una categoría de habilitación (o de calificación) y el tipo de subsidio disponible, la transparencia y eficiencia social que se ganarían serían notables.
Ese es el tipo de herramienta que si se le deja solamente al sector público, tendrá bajas probabilidades de éxito, y que el sector privado o el tercer sector difícilmente podrían hacer bien sin coordinación con el Estado. Registrarse en el sistema público y llenar los campos de interés para los hogares (no es un Betto), debería ser voluntario en una fase inicial.
Un hogar de escasos recursos con un jardín infantil privado bien calificado cercano, debería tener el chance de preguntar si la inversión pública por niño en un CDI menos cercano o menos calificado, podría ser usada para su hijo en el jardín privado de su preferencia. Se dirá que este tiene ánimo de lucro, pero ese no es un gran problema, sino una gran hipocresía. Lo que se necesita es hablar con claridad del tema y acordar reglas.
En un segundo nivel, si dedicáramos la debida atención al talento humano que atiende a nuestros niños, los hogares deberían poder buscar en la misma web si los educadores infantiles del centro al que llevarán a sus niños aparecen, qué formación tienen y qué dicen y muestran de su vocación. Todo eso se puede hacer de modo descentralizado a nivel de individuo y con Inteligencia Artificial.
Los operadores de ICBF y los jardines infantiles privados no estarían obligados a exigir tal registro del personal que contraten, al menos en una primera fase, pero tal plataforma les serviría en sus propósitos de aumentar la calidad del servicio. Esta es una herramienta de la que podría encargarse el sector privado o el tercer sector, y de la que la política pública podría beneficiarse mucho.
Con este cambio de paradigma, se lee un tanto distinto el Decreto 1411 de julio 29 de 2022, que “reglamenta la educación inicial como servicio educativo para las niñas y los niños menores de seis (6) años”.
