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Un proyecto de ley del senador Alejandro Corrales, con apoyo multipartidista, resulta de “interés nacional estratégico”.
200 años como nación independiente es poco tiempo, pero algunas cosas no se le pueden achacar a los tres siglos de dominación colonial de España. La minería es una actividad que atraviesa las dos grandes épocas. Todavía tenemos miles de barequeros encorvados buscando pepitas de oro para subsistir, sin educación y con una esperanza de vida más corta.
¿Son estos hombres y mujeres barequeros un legado irredimible de la Colonia? ¿No podemos hacer nada en esta sociedad con aspiraciones de modernidad para liberarlos de esa mala vida (económica)? La respuesta ha sido un “no”, con un agravante: el Estado ha empujado a los mineros tradicionales y pequeños hacia la ilegalidad, con enormes costos sociales, económicos y ambientales.
La minería en Colombia es de mediana (26% extrapolado) y pequeña escala (72% ídem), con relativamente pocas grandes minas. Las pequeñas minas en ilegalidad (sin título minero ni instrumento ambiental) están arriba del 85% en Chocó, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Risaralda, Cauca y Antioquia. Se ha estimado que más del 60% del total de las minas pequeñas es ilegal, con 150.000 personas empleadas y 500.000 dependientes de subsistencia.
Hemos actuado como si el problema fueran las “necias y criminales gentes”, cuando el problema es el Estado, incluidas las personas educadas que habitan en él. El proyecto de país constitucional dicta que debemos integrar a la “base de la pirámide”, al pueblo, en la legalidad; no expulsarlo o excluirlo mediante condiciones para trabajar que no se pueden cumplir (esto aplica en otras áreas también). Legislar para los medianos y los grandes, ignorando la realidad de los pequeños, es simplemente miope.
Pero la naturaleza ha sido generosa con Colombia y se nos presenta una oportunidad para hacer bien esta vez las cosas con la minería (y a gran volumen). Tenemos un alto potencial de oro, plata, cobre y otros metales preciosos, y estos (en particular, el cobre) son indispensables para la prioridad planetaria de la transición energética. Una turbina eólica necesita muchas toneladas de cobre. Podemos ser líderes mundiales del mercado.
De ahí que el proyecto de ley para establecer “un marco jurídico especial para la minería tradicional y la pequeña minería en materia de legalización y formalización, así como para su financiamiento, bancarización, comercialización y una normatividad especial en materia ambiental” importe más allá de su propósito específico.
Sí, necesitamos un Plan Único de Legalización y Formalización Minera que las comunidades mineras puedan aprovechar los residuos y colas de grandes explotaciones, más control tecnológico de las operaciones, un Fondo Rotatorio de Fomento Minero y más medidas que contempla el proyecto de ley. Y necesitamos que este se apruebe (faltan debates en Cámara) y se cumpla para producir algo que tiene en vilo nuestro futuro: legitimidad.
El déficit de legitimidad del Estado y del sistema socioeconómico ha abierto unas fallas en la sociedad que no nos permiten consentimiento e integración, por ejemplo para diseñar un modelo de extracción de los metales preciosos eficiente y responsable ambiental y socialmente, donde probablemente tendremos que inducir un cambio de actividad económica de muchos mineros (barequeros) en el mediano plazo (sembrando en ellos parte de la riqueza del subsuelo), y eso exige bastante confianza de las comunidades en el Estado, que es justamente lo que escasea por suficientes razones.
Dice el senador Corrales que si la asumimos como una prioridad de interés nacional estratégico podríamos cuadruplicar la producción de metales preciosos (el oro hoy tal vez no pase de 100 toneladas al año), habiendo encontrado la estrategia y el instrumento para cambiar la relación del Estado con los mineros artesanales y pequeños, y para abrir la posibilidad de un acuerdo social que facilite aprovechar la oportunidad de la transición energética y de la naturaleza.
Ese calificativo de interés nacional merece el proyecto de ley, y apoyo y seguimiento desde la academia y la sociedad civil. Mientras reconstruimos el Estado que se requiere, al menos tener visiones de un proyecto de país. 2022 es un año propicio para eso. Un feliz año para los amables lectores.
