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Politizar oficialmente los fundamentos y los objetivos de la educación, y la pedagogía, sería un retroceso.
El punto 11 del acuerdo colectivo 2023-2024 firmado entre el Ministerio de Educación y Fecode nos informa que estos “reconocen la necesidad de acordar con diversos sectores de la sociedad una reforma educativa fundamentada en la vida digna, la inclusión, la paz total y la justicia social”, es decir, fundamentada en conceptos (o consignas) manipulados políticamente por este gobierno.
En contraste, la Ley 115 de 1994 dice que la educación “se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. La necesidad de cambiar estos fundamentos no es tan evidente, salvo si están pensando meter de lleno su ideología, tan poco dada a los deberes y a la corresponsabilidad, en los contenidos de la educación.
El Gobierno y Fecode quisieran que los nuevos fundamentos de la educación vayan acompañados de “procesos curriculares que logren una formación integral que haga énfasis en la educación para la equidad, ciudadanía, la paz, socioemocional, para la reconciliación, antirracista y que combata el cambio climático”. La jerga tal cual.
La Constitución, un poco más sabia y sobria, estipula (art. 67) que con la educación “se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” y que “formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.
Si tuvieran mayoría en el Congreso, algo más de pericia y nos descuidáramos, reformarían la ley general de educación y oficialmente tendríamos “adoctrinamiento”. Es poco probable que eso ocurra, pero envía una poderosa señal que induce a una aplicación de facto en las aulas. En el acuerdo colectivo de 2021 no estuvo este punto, de modo que lo pueden considerar una victoria.
La cuestión es que sí necesitamos una reforma curricular, pero claramente no una inspirada en semejante amalgama de ideas anti una cosa y anti la otra, sino en los mejores ideales de la humanidad, definidos por la cultura occidental, y en un proyecto de nación moderno, que lo tenemos, pero le hemos ido colgando cosas extrañas o importadas hasta desdibujarlo notablemente. No tenemos la capacidad intelectual para corregir donde se requiere, pero ese es otro problema (grande).
La “reforma curricular” es para adoptar un currículo nacional, “el centro de todo sistema educativo, que establece los objetivos, contenidos y resultados esperados de la educación, y define la visión y las aspiraciones que un país tiene para sus ciudadanos, su sociedad y su economía”, con palabras de la OCDE. Léase de nuevo: “sus ciudadanos, su sociedad y su economía”.
Un currículo nacional básico debe operar como un “igualador cultural y social por lo alto”, sin importar cualquier característica particular del ciudadano. No esta situación nacional en la que los niños y adolescentes de unos entornos adquieren conocimientos y habilidades que les aseguran progreso y bienestar, y a otros les dicen que mejor aprendan menos y diferentes cosas porque ya no son parte de nuestro acuerdo cultural o son de “grupos sociales oprimidos”.
Hay que simplificar esa cantidad de materias y cátedras de la secundaria, y emprender un cambio pedagógico, lo que nos exigirá ir modificando la infraestructura escolar tipo cárcel y las relaciones técnicas de docente/alumnos. Currículo nacional y cambio pedagógico van de la mano.
El gobierno tiene al respecto una brillante idea: “el poder pedagógico popular”. Si se le mete política e ideología hasta a lo pedagógico, con esa mitificación de lo popular, vamos a retroceder, y eso es decir mucho.
