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No resuelve problemas y sí crearía rigideces para hacer cambios en el futuro.
En rigor, la ministra no está diciendo que el proyecto de ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la educación es la reforma educativa del gobierno, pero resulta que lo urgente es la reforma y no la ley estatutaria.
Una reforma es un proceso de cambio estructural y/o organizacional que rediseña las instituciones y los insumos con determinados objetivos estratégicos para obtener unos resultados consistentes, más o menos de modo gradual y secuencial, con consecuencias en la economía política, así haya negociación.
En contraste, este proyecto de ley estatutaria es una declaración de principios y un ejercicio jurídico constitucional que no ayudará a resolver ninguno de los grandes problemas de la educación, razón por la cual muchos políticos la apoyarán, siempre dispuestos a garantizar en el papel derechos, sin preocuparse por el cómo.
Dicho con un ejemplo: la composición del gasto en educación (96 % en nómina y 4 % en calidad y gratuidad) está asfixiando y deteriorando a los colegios porque, no obstante el crecimiento del presupuesto general del sector, lo que reciben cada año ha decrecido en términos reales. Una reforma educativa se ocuparía inmediatamente de ese problema. Una ley estatutaria claramente no. Puede hacerse el mismo ejercicio con cualquier problemática.
Sin embargo, no se trata de una objeción fundamental que trasnoche al gobierno. En la exposición de motivos se dice que “el proyecto de ley busca fortalecer la base de discusión sobre las eventuales reformas que experimente el sistema educativo en los próximos años”. En otras palabras, dejarnos el sustrato ideológico de su gusto en una estatutaria y que luego otros intenten las reformas necesarias.
El MEN anota (pág. 6) que el proyecto pretende “sistematizar y esquematizar las decisiones jurisprudenciales que han fijado el contenido del derecho fundamental a la educación considerando que con ello se podrán superar ambigüedades jurídico normativas que inciden negativamente en la materialización de las prerrogativas que se desprenden de ese derecho”.
Ese no es un párrafo aislado. Es coherente con las cuatro razones de justificación de la ley que se dan: deuda histórica, garantía y avance del derecho, seguridad jurídica, resolver barreras de la garantía del derecho. La rama ejecutiva del poder público imbuida de la exigibilidad de los derechos, cuando normalmente es la encargada de ejecutar para satisfacerlos. Ni la experiencia de gobernar les quita el fetichismo legal.
Y esa es la cuestión: la ley estatutaria no resolvería ningún problema fáctico de la educación, pero sí crearía o reforzaría un marco normativo que dificultaría reformas prácticas necesarias en futuros gobiernos, especialmente correcciones a los esquemas de financiación si la educación posmedia se vuelve derecho fundamental.
Así no sería una ley inocua y aunque la médula de la discusión es del derecho constitucional, los partidos harían bien en meterle el diente a ese debate e interesarse por las implicaciones de política pública de la proyectada ley estatutaria en educación.
