La trampa moral de los falsos positivos en la JEP
La importancia de la coherencia ética y moral frente a la impunidad en los acuerdos de paz.
El acuerdo con las Farc menoscabó de tal forma los “valores que son esenciales a la Nación” que para algunos ya es normal el intercambio de impunidades en el marco de la justicia transicional. No estamos reflexionando sobre las implicaciones en el “alma nacional” de decisiones políticas sobre crímenes y castigos. El lema “por la paz, todo”, ya hemos visto, no es buena brújula.
El Fiscal General dijo en diciembre que enviará los falsos positivos a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Las asociaciones de oficiales en retiro le advierten con preocupación al presidente Santos que “el señalamiento de enriquecimiento personal indebido establece la posibilidad de que la gran mayoría de los llamados falsos positivos queden por fuera de la JEP”. Y, además, la discusión sobre el estándar de la Responsabilidad de Mando en la JEP tiene ese telón de fondo.
En suma: pasamos de discutir por qué no todos los casos de falsos positivos están en la justicia ordinaria, dado el temor de impunidad en la justicia penal militar, a ver cómo la JEP se ocupa de ellos. Dar este giro sin una mínima reflexión ética y moral no habla bien de nadie.
El Fiscal dio un argumento tal vez representativo: “el país no entendería que se soliciten medidas de aseguramiento o se hagan imputaciones contra agentes del Estado, por este tipo de conductas (falsos positivos) cometidas en el marco del conflicto armado, cuando hay un sistema de justicia transicional donde se esclarecerá la verdad. El país no podría volver a observar procesos de paz en donde gozan de beneficios los agentes de la guerrilla y están sometidos a altas penas los agentes del Estado".
Recordemos: los falsos positivos se refieren al asesinato de un estimado de 3000 civiles engañados e indefensos por parte de militares para ganar recompensas haciéndolos pasar por guerrilleros abatidos en combate.
Teníamos una postura moral frente a estos crímenes: eran homicidios comunes agravados, de ningún modo justificables en relación con el “conflicto armado”. Los jueces han interpretado este acuerdo moral con más de 600 condenas severas por tales asesinatos. ¿Cuál es ahora la postura que se le propone a la sociedad? Me parece un asunto muy serio para no debatirlo.
En primer lugar, lo que les conviene (impunidad) a los militares investigados o condenados, no le conviene al Ejército como institución. Los falsos positivos fueron también un fraude operacional y económico contra la institución, un acto de corrupción. Los culpables mancharon gravemente el honor militar. Ante la historia y ante la sociedad, la responsabilidad de los falsos positivos no debe ser del Ejército, sino de los individuos que se corrompieron. De modo que buscar que estos crímenes evadan la justicia a través de la JEP no es propiamente una defensa de la legitimidad de las armas de la república. [Por si acaso, quiero recordar que escribí La paz y el sentido del sacrificio militar].
Al argumento del Fiscal habría que contestar rebatiendo la igualación moral implícita entre guerrillas y Fuerza Pública. No se juzgan de modo igual distintas naturalezas. Lo que en la Fuerza Pública es desviación, en las guerrillas es política o norma. Quienes se desvían en la Fuerza Pública no aspiran a tener representación popular; las guerrillas sí. Lo que dijo el Fiscal se entiende, pero no para los falsos positivos. No es correcto igualar el caso del coronel Plazas Vega con el de un coronel que promovió falsos positivos. Podemos confiar en la intuición moral de la gente al respecto. Si dejamos que la apelación al “conflicto armado” transforme cualquier delito en perdonable, caeremos en una trampa devastadora para la conciencia nacional. @DanielMeraV
La importancia de la coherencia ética y moral frente a la impunidad en los acuerdos de paz.
El acuerdo con las Farc menoscabó de tal forma los “valores que son esenciales a la Nación” que para algunos ya es normal el intercambio de impunidades en el marco de la justicia transicional. No estamos reflexionando sobre las implicaciones en el “alma nacional” de decisiones políticas sobre crímenes y castigos. El lema “por la paz, todo”, ya hemos visto, no es buena brújula.
El Fiscal General dijo en diciembre que enviará los falsos positivos a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Las asociaciones de oficiales en retiro le advierten con preocupación al presidente Santos que “el señalamiento de enriquecimiento personal indebido establece la posibilidad de que la gran mayoría de los llamados falsos positivos queden por fuera de la JEP”. Y, además, la discusión sobre el estándar de la Responsabilidad de Mando en la JEP tiene ese telón de fondo.
En suma: pasamos de discutir por qué no todos los casos de falsos positivos están en la justicia ordinaria, dado el temor de impunidad en la justicia penal militar, a ver cómo la JEP se ocupa de ellos. Dar este giro sin una mínima reflexión ética y moral no habla bien de nadie.
El Fiscal dio un argumento tal vez representativo: “el país no entendería que se soliciten medidas de aseguramiento o se hagan imputaciones contra agentes del Estado, por este tipo de conductas (falsos positivos) cometidas en el marco del conflicto armado, cuando hay un sistema de justicia transicional donde se esclarecerá la verdad. El país no podría volver a observar procesos de paz en donde gozan de beneficios los agentes de la guerrilla y están sometidos a altas penas los agentes del Estado".
Recordemos: los falsos positivos se refieren al asesinato de un estimado de 3000 civiles engañados e indefensos por parte de militares para ganar recompensas haciéndolos pasar por guerrilleros abatidos en combate.
Teníamos una postura moral frente a estos crímenes: eran homicidios comunes agravados, de ningún modo justificables en relación con el “conflicto armado”. Los jueces han interpretado este acuerdo moral con más de 600 condenas severas por tales asesinatos. ¿Cuál es ahora la postura que se le propone a la sociedad? Me parece un asunto muy serio para no debatirlo.
En primer lugar, lo que les conviene (impunidad) a los militares investigados o condenados, no le conviene al Ejército como institución. Los falsos positivos fueron también un fraude operacional y económico contra la institución, un acto de corrupción. Los culpables mancharon gravemente el honor militar. Ante la historia y ante la sociedad, la responsabilidad de los falsos positivos no debe ser del Ejército, sino de los individuos que se corrompieron. De modo que buscar que estos crímenes evadan la justicia a través de la JEP no es propiamente una defensa de la legitimidad de las armas de la república. [Por si acaso, quiero recordar que escribí La paz y el sentido del sacrificio militar].
Al argumento del Fiscal habría que contestar rebatiendo la igualación moral implícita entre guerrillas y Fuerza Pública. No se juzgan de modo igual distintas naturalezas. Lo que en la Fuerza Pública es desviación, en las guerrillas es política o norma. Quienes se desvían en la Fuerza Pública no aspiran a tener representación popular; las guerrillas sí. Lo que dijo el Fiscal se entiende, pero no para los falsos positivos. No es correcto igualar el caso del coronel Plazas Vega con el de un coronel que promovió falsos positivos. Podemos confiar en la intuición moral de la gente al respecto. Si dejamos que la apelación al “conflicto armado” transforme cualquier delito en perdonable, caeremos en una trampa devastadora para la conciencia nacional. @DanielMeraV