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Falla ética e inconsistencia de política por volver renta discrecional un trámite.
Durante décadas, no ha merecido una política pública cuánto pagan los hogares por la inscripción de un bachiller como aspirante a un cupo de pregrado en una universidad estatal.
Ese precio se relaciona claramente con el acceso, pero tales instituciones, fuertes de adalides de la equidad y la justicia, lo usan como fuente discrecional de ingresos, creando inequidad.
Cobrar por la inscripción tiene dos justificaciones razonables: i) cubrir el costo administrativo de procesar la solicitud de cupo, y ii) servir de tamiz para desincentivar postulaciones no serias.
La tercera función, la de generar renta, es problemática, especialmente para las universidades públicas. Primero, por la falla ética de recaudar pagos de aspirantes que la institución sabe que no tienen ninguna probabilidad de ser admitidos (las que usan el puntaje de Saber 11).
Segundo, por la inconsistencia de adherir a una política de gratuidad de matrícula, pero aprovechar el trámite previo de la inscripción para generar utilidades. Cuando una universidad cobra 205.000 pesos no está usando un tamiz bien calibrado, sino una renta discrecional.
Este problema se podría haber arreglado con una política pública concertada entre el viceministerio de Educación Superior y el Sistema Universitario Estatal, SUE, pero sacamos una ley, la 2367 de 2024, que no corrigió la raíz del asunto.
Una ley para otorgar “la gratuidad del derecho de inscripción a las instituciones de educación superior públicas para quienes no puedan asumir su costo dada su situación de pobreza o condición de vulnerabilidad”, con mandato de progresividad para llegar a ser universal.
El pago de los derechos de inscripción se realizará con cargo al Presupuesto General de la Nación, es decir, las universidades seguirán usando esa renta discrecional y le pasarán la factura al gobierno. Obviamente esa no es la solución.
Primero, porque como era previsible, el Decreto 0617 del 17 de junio de 2026, por razones fiscales estableció que esta gratuidad “iniciará para el primer año con el grupo A del Sisbén, para segundo año grupos A y B, y tercer año, grupos A, B Y C”. Con un límite de tres derechos de inscripción por beneficiario. No hay plata.
Segundo, porque al margen de los costos administrativos que crean para las universidades y el ministerio (verificar el límite de tres exenciones y una “junta administradora”, p.e.), la ley y el decreto no se plantean por qué universidades privadas de primer nivel, como Uniandes e Icesi, ya no cobran el trámite de inscripción (la segunda solo cobra a estratos 4, 5 y 6).
La digitalización ha vuelto insignificantes los costos de procesamiento? (sin contar la entrevista de admisión, que no aplica en las oficiales). Si instituciones privadas, que tienen plena libertad para hacerlo, ya no usan la inscripción como una renta, por qué sí las estatales?
La fórmula de solución no es tan compleja: gratuidad diferencial (comenzando por la matrícula), publicación realmente visible de puntajes de corte de admisión por pregrado (para no vender falsas ilusiones) y solamente recuperación de costos administrativos en la tarifa, no renta discrecional. Y nos libramos de ese problema.
Para ocupamos de unos más estructurales. Por ejemplo, de los 267.034 bachilleres que en 2023 y 2024 no accedieron a cupos disponibles en instituciones oficiales por razones académicas y económicas. Nos engolosinamos o enredamos con cuánto se recauda fácil de los aspirantes, mientras entre un 15% y 18% de los admitidos no se matricula, dejando sillas vacías, una ineficiencia del gasto y una pérdida social.
En lugar de decirles a las universidades públicas: sigamos dos años con la falla ética (para aspirantes de Sisbén B y C) y la inconsistencia de política pública, deberíamos estar viendo cómo es que algunos países tienen una plataforma única de inscripción a universidades estatales y, claro, sin esa dispersión arbitraria de tarifas.
