Marchas, gobernabilidad y reformas: hacia una crisis
Manifestaciones callejeras y paros no dejan hacer reformas, y sin reformas las opciones son atraso o populismo.
Parece la hora de reflexionar sobre las implicaciones de las marchas. El pensador tuitero Félix de Bedout golpeó primero: “No hay ninguna conquista social que se haya logrado sin movilización. Ninguna”. 5.500 retuits y 15.400 me gusta de sus dos millones largos de seguidores. Una frase fácilmente falseable, pero sonora.
Por su parte, nuestro más connotado agitador profesional aportó lo suyo: “El movimiento estudiantil no debe salir solo a las calles. Lo que viene es un paquetazo económico de Duque tratando de trasladar riqueza a Sarmiento y al grupo empresarial antioqueño y haciendo que el pueblo trabajador pague la crisis. Hay que responder como en Ecuador”.
Petro nos muestra un componente habitual de las convocatorias a protestar más frecuentes: la desinformación, con dosis desembozadas de odio social.
Definamos ahora el problema: la capacidad de movilización de determinados sectores se ha tomado la dimensión social de la gobernabilidad con el propósito de oponerse (aun con vías de hecho) a cualquier política que no responda a sus principios ideológicos o a sus demandas.
La “gobernabilidad social” tiene varios componentes, pero sin duda las manifestaciones (de variado tipo) que restringen o afectan los derechos de otros causan tal impacto mediático y fáctico que los gobiernos difícilmente logran negociar bien con sus líderes, aun si la aprobación popular del presidente es buena, tiene una “narrativa” fuerte y cuenta con gobernabilidad política (en el Congreso).
La consecuencia es que, en estas circunstancias, la movilización social bloquea la capacidad del sistema para reformarse y lo lleva a una acumulación de problemas estructurales. De ahí a una crisis fiscal, social o económica hay poco trecho.
Por principio, hay que evitar las crisis, especialmente si el riesgo no es una recuperación lenta y dolorosa, sino un salto a utopías fracasadas en manos del populismo.
Pero ¿a quiénes preocupa este problema? A muchos que no pueden tomar decisiones significativas al respecto, y a pocos en la clase política porque la política ha reducido notablemente el alcance y la profundidad de las cosas de las que se ocupa. Al lado de líderes del Centro Democrático, hay que reconocerle a Germán Vargas Lleras que está impaciente con esta situación.
Naturalmente, el presidente Duque tiene la responsabilidad de subir en aprobación popular, fortalecer la narrativa (que da sentido y persuade) y lograr mayor gobernabilidad política, probablemente no en este orden, sino en el inverso.
Pero eso no bastará. Ante la acumulación de problemas estructurales, hay que comenzar las reformas en una estrategia de mediano y largo plazo, es decir, con el horizonte de más de un gobierno; esto es, multipartidista, tipo alianzas estables de partidos en Chile. Una clase de política de mayor calidad que la actual.
No adelantar las reformas nos condena a crecimiento mediocre o bajo, especialmente porque algunos sectores han conseguido de tiempo atrás dinámicas de políticas como si ya estuviéramos bajo un gobierno populista irresponsable fiscalmente y sin ningún compromiso con las reformas macrosectoriales e institucionales necesarias.
O nos condena a crisis. Santos dejó una situación fiscal muy delicada, crecimiento mediocre y desempleo al alza, una gobernabilidad política insostenible por su pegamento corrupto, una gobernabilidad social hipotecada, un descrédito agudizado de las instituciones, una sociedad dividida, un legado impuesto sin legitimidad democrática y ninguna senda de reformas.
En realidad, nos dejó más cerca de una crisis de lo que se cree. Y parece que el que más claro lo tiene es Petro. Así estamos.
Manifestaciones callejeras y paros no dejan hacer reformas, y sin reformas las opciones son atraso o populismo.
Parece la hora de reflexionar sobre las implicaciones de las marchas. El pensador tuitero Félix de Bedout golpeó primero: “No hay ninguna conquista social que se haya logrado sin movilización. Ninguna”. 5.500 retuits y 15.400 me gusta de sus dos millones largos de seguidores. Una frase fácilmente falseable, pero sonora.
Por su parte, nuestro más connotado agitador profesional aportó lo suyo: “El movimiento estudiantil no debe salir solo a las calles. Lo que viene es un paquetazo económico de Duque tratando de trasladar riqueza a Sarmiento y al grupo empresarial antioqueño y haciendo que el pueblo trabajador pague la crisis. Hay que responder como en Ecuador”.
Petro nos muestra un componente habitual de las convocatorias a protestar más frecuentes: la desinformación, con dosis desembozadas de odio social.
Definamos ahora el problema: la capacidad de movilización de determinados sectores se ha tomado la dimensión social de la gobernabilidad con el propósito de oponerse (aun con vías de hecho) a cualquier política que no responda a sus principios ideológicos o a sus demandas.
La “gobernabilidad social” tiene varios componentes, pero sin duda las manifestaciones (de variado tipo) que restringen o afectan los derechos de otros causan tal impacto mediático y fáctico que los gobiernos difícilmente logran negociar bien con sus líderes, aun si la aprobación popular del presidente es buena, tiene una “narrativa” fuerte y cuenta con gobernabilidad política (en el Congreso).
La consecuencia es que, en estas circunstancias, la movilización social bloquea la capacidad del sistema para reformarse y lo lleva a una acumulación de problemas estructurales. De ahí a una crisis fiscal, social o económica hay poco trecho.
Por principio, hay que evitar las crisis, especialmente si el riesgo no es una recuperación lenta y dolorosa, sino un salto a utopías fracasadas en manos del populismo.
Pero ¿a quiénes preocupa este problema? A muchos que no pueden tomar decisiones significativas al respecto, y a pocos en la clase política porque la política ha reducido notablemente el alcance y la profundidad de las cosas de las que se ocupa. Al lado de líderes del Centro Democrático, hay que reconocerle a Germán Vargas Lleras que está impaciente con esta situación.
Naturalmente, el presidente Duque tiene la responsabilidad de subir en aprobación popular, fortalecer la narrativa (que da sentido y persuade) y lograr mayor gobernabilidad política, probablemente no en este orden, sino en el inverso.
Pero eso no bastará. Ante la acumulación de problemas estructurales, hay que comenzar las reformas en una estrategia de mediano y largo plazo, es decir, con el horizonte de más de un gobierno; esto es, multipartidista, tipo alianzas estables de partidos en Chile. Una clase de política de mayor calidad que la actual.
No adelantar las reformas nos condena a crecimiento mediocre o bajo, especialmente porque algunos sectores han conseguido de tiempo atrás dinámicas de políticas como si ya estuviéramos bajo un gobierno populista irresponsable fiscalmente y sin ningún compromiso con las reformas macrosectoriales e institucionales necesarias.
O nos condena a crisis. Santos dejó una situación fiscal muy delicada, crecimiento mediocre y desempleo al alza, una gobernabilidad política insostenible por su pegamento corrupto, una gobernabilidad social hipotecada, un descrédito agudizado de las instituciones, una sociedad dividida, un legado impuesto sin legitimidad democrática y ninguna senda de reformas.
En realidad, nos dejó más cerca de una crisis de lo que se cree. Y parece que el que más claro lo tiene es Petro. Así estamos.