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De cómo una política de equidad puede generar competencia, eficiencia y calidad en la educación superior.
En la anterior columna se argumentó, con la letra de la Carta de 1991, que la actual política de financiación del acceso a programas de pregrado, consistente en gratuidad en las IES estatales y crédito/deuda en las IES privadas para bachilleres de estratos 1, 2 y 3, no cumple el principio constitucional de igualdad de trato (financiero) para personas en idéntica situación material.
Ahora voy a describir lo que sería una política pública alternativa basada en el principio de igualdad, criterios redistributivos, de equidad inter-generacional y sostenibilidad fiscal, consistente en que el arreglo financiero público con los jóvenes sea igual por estrato socioeconómico sin importar la naturaleza de la institución donde estudien.
Parece posible alcanzar el consenso necesario para implementar estos principios operativos en una nueva política: i) la gratuidad es inversamente proporcional al estrato (es decir, diferencial, porque no queremos darle gratuidad al que pagó colegio privado caro); ii) el aporte de la familia sube con el estrato, desde el 0 %, el 2 % o el 5 % en el estrato 1 (y podemos discutir si los estratos altos pagan el 100 % del costo por estudiante en las IES estatales); iii) la Financiación Contingente al Ingreso, FCI, esto es, lo que el graduado le devuelve a la sociedad según sus rendimientos privados de la inversión pública recibida, crece con el estrato, y la FCI sería la clave del nuevo modelo; iv) el descuento de la IES privada es inversamente proporcional al estrato, v) la contrapartida reversible de valor económico generado por la IES estatal crece con el estrato.
En términos políticos comparados más fáciles de captar: el movimiento estudiantil chileno obtuvo con la segunda presidencia de Bachelet la gratuidad para el 60 % de menores ingresos en universidades públicas y privadas; en Colombia solamente se nos ocurre pedir gratuidad en las públicas y que se frieguen los pobres que van a las privadas, porque nos gana el ideologismo. Obviamente, esa gratuidad se muestra ya insostenible fiscalmente y empiezan a surgir propuestas de ajustes financieros. En Colombia podríamos hacer una reforma mucho mejor.
Cada IES, oficial o privada, tiene su costo por estudiante por carrera, y el Estado, por razón fiscal, pone un límite al monto de financiación pública por estudiante por carrera (en programa y universidad acreditada de alta calidad), tal vez la decisión más delicada y estratégica, junto con la distribución de los recursos por áreas del conocimiento, lo que permitiría ir corrigiendo la estructura de la oferta (inadecuada para las demandas del crecimiento).
Ejemplo con ingeniería civil en universidad privada, bajo un hipotético monto de $10 millones de financiación pública por semestre, para un estudiante de estrato 1 versus uno de estrato 3: gratuidad del 40 % (vs 15 %); aporte de la familia, 5 % (vs 25 %); FCI, 25 % (vs 50 %), y descuento de la IE, 30 % (vs 10 %). Eso sería un arreglo o pacto social razonable versus el actual, donde los privilegiados de las IES públicas se llevan todo y mandan a los demás a la deuda o a la frustración.
La FCI, al fondearse en el mercado, puede atar la sostenibilidad financiera a la suerte laboral (o económica) del egresado, para que ahí sí les importe a muchos la calidad y la pertinencia de la formación, así como el descuento y la contrapartida reversibles de la matrícula atadas a un mercado secundario de valor económico y social generado por las IES acabarían las tesis de grado que de poco sirven, pero esto toca en otra explicación.
