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Consulta electrónica a todos los estudiantes y mantenimiento de clases de modo virtual, sin renunciar a ultima ratio para el Estado.
UniValle mostró en qué estamos en gobernabilidad de las IES estatales: una asamblea estudiantil decidió que la sede principal de la universidad, en Cali, entra en paro de 20 días por el resultado electoral de la primera vuelta. Politización, ideologización e instrumentalización de la universidad al extremo.
El Consejo Académico “exhorta a los estudiantes para el retorno a clases”, pero los líderes que deciden necesitan esas semanas libres para hacer campaña por su candidato presidencial (y no están en vacaciones porque en abril le hicieron un paro largo al rector).
Como sabemos, no es un caso aislado. Es un patrón y un statu quo que nos está costando demasiado como país en términos de desarrollo económico, de movilidad social y de pluralismo democrático. Resulta urgente, ya en el año 26 del siglo XXI, superar este lastre de los años 60 del siglo XX.
La primera medida es fácil de explicar: un paro o cese académico requerirá una aprobación por votación electrónica accesible a todos los estudiantes. Es antidemocrático que unos pocos cientos de alumnos en asamblea decidan (sin atribuciones) por miles de alumnos. Y para someter a consulta un paro se precisará una causa legítima por la naturaleza de la universidad. Que un candidato presidencial haya perdido no es causa legítima, por ejemplo.
Un nuevo gobierno, a través de sus dos delegados (del presidente y del Ministerio de Educación), puede llevar a los consejos superiores universitarios (CSU) una propuesta de regulación de los paros estudiantiles para discutir y adoptar mediante acuerdo estatutario. La deliberación interna será una oportunidad para explicar las virtudes de la democracia participativa versus la “democracia directa o asamblearia” impuesta con coerción y violencia.
Al tiempo, el gobierno puede llevar al Congreso una reforma de la Ley 30 de 1992 que implante los principios de aprobación por consulta de los paros académicos estudiantiles, porque es muy importante recordar que la autonomía universitaria no es una entidad inmanente de libre interpretación, sino que está delimitada por la Constitución y la ley.
En efecto, el artículo 69 de la Carta dice que “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado”. Las palabras clave son “de acuerdo con la ley”.
Así como la ley (30/1992) establece la composición y funciones del máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades oficiales (CSU), puede fijar también las causas legítimas, las atribuciones de solicitar consulta para aprobación de paro académico y los umbrales de participación y aprobación necesarios, como en un país civilizado (Australia, p.e.).
La segunda medida también es fácil de explicar: un paro estudiantil no conforme a regulación, como los actuales, carece de carácter vinculante con el régimen de obligaciones de los docentes, por lo que estos deben ofrecer las clases y tutorías de modo virtual, preservando la normalidad académica para los estudiantes que honren los compromisos adquiridos en su “contrato” de matrícula o reglamento estudiantil.
Este cambio en la conversación pública dejaría en evidencia a los grupos radicales que acuden a la coerción física y a la violencia, es decir, a la fuerza, y esta solo puede ser la ultima ratio del Estado. Así que el acceso físico a edificios y salones tendrá que ser garantizado por la empresa de vigilancia y seguridad contratada, por policías desarmados o por robots humanoides (apenas se pueda comprarlos) debidamente entrenados para soportar provocaciones.
Ejercer coerción física sería una falta gravísima sancionada con expulsión de la universidad (pérdida de la condición de estudiante). Si la coerción física pasa a explosivos, ver "Medidas para erradicar violencia de universidades públicas“.
Para una comprensión más amplia del problema, ver mi columna "Orden, educación y trabajo“.
