Los costos sociales y económicos de la pretendida violencia política dentro y en los extramuros de los campus son amplios y variados: la afectación de los calendarios académicos, de la competitividad para atraer talentos, de la movilidad urbana, de bienes públicos y de la integridad física de personas, entre los más protuberantes.
Que la utilización de las instalaciones de universidades estatales para ejercer violencia no sea intolerable es parte de una herencia que ya es hora de remover. Como vimos, la renuncia a la violencia de una parte sustancial de la principal organización “revolucionaria” (FARC) no tuvo su correlato en los campus. No podemos seguir esperando que ocurra naturalmente ese paso hacia la civilización política.
Necesitamos un gobierno que asuma que los campus son controlables desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Si se invitara a una reunión de los rectores con el ministro de Educación, el ministro de Defensa, el director de la Policía Nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Fiscalía General de la Nación para establecer una estrategia de disuasión tecnológica, inteligencia preventiva y cultura institucional de cumplimiento, no pocos rectores recibirían presiones internas para no asistir y tal vez algunos usarían argumentos de autonomía universitaria para ceder a esas presiones.
La reacción a la simple invitación sería una primera prueba ácida para saber cómo estamos. La siguiente es muy sencilla: las empresas de seguridad y vigilancia que contratan las universidades no pueden estar cooptadas ni intimidadas por actores violentos y criminales.
Ningún rector responsable puede tolerar eso. Todos deberían querer una solución para librarse de ese problema. La solución no es difícil de encontrar. Solamente requiere decisión del gobierno y entereza de los rectores.
Una empresa de seguridad y vigilancia debe garantizar la protección de las cámaras para hacer video-vigilancia inteligente dentro y alrededor del campus, con analíticas de vídeo y visión nocturna. También de los lectores biométricos para el ingreso a zonas restringidas (laboratorios, servidores). Simplemente que cumplan bien con sus funciones.
La tercera prueba ácida es automatizar las entradas de las universidades y en algunas poner muros emergentes entre las entradas sensibles y 50 ó 100 metros hacia el interior, de modo que cuando los encapuchados salgan a lanzar explosivos a la Policía se cierren automáticamente los accesos y se queden afuera, o si pretenden lanzarlos sin traspasar las entradas emerjan del suelo muros que los aíslen entre el campus y los accesos.
Obviamente la instalación de entradas automatizadas resistentes y de muros emergentes en el subsuelo con tecnología de vanguardia enfrentaría saboteos, pero es la decisión de un gobierno de resolver un problema, con las instituciones de su lado, contra los que están al margen de la ley. Si no es controlable un campus en una ciudad desde la seguridad y la justicia, entonces olvidémonos del control territorial que debe ejercer el Estado.
Si no somos capaces de borrar las manifestaciones de apología de la violencia en los campus y tener vigilancia tecnológica (con drones si es necesario) para saber quiénes intentan restaurarlos es que no nos tomamos en serio que vamos a superar la violencia pretendidamente política.
Las comunidades universitarias no van a reaccionar unánimemente a favor, pero con una mayoría inicial y los beneficios del cambio se avanzaría en el acuerdo cultural que no tolere la violencia.
