Tal vez la reforma política no sea indispensable para emular a los tigres asiáticos.
Llevamos lustros o décadas esperando pasar de un multipartidismo caótico y disfuncional a uno estructurado y funcional que sirva para tomar las decisiones que nos conducirán a un crecimiento alto y sostenido.
Pero la política ha venido empeorando: más partidos y, al tiempo, más personalismo, extremismo, degradación del debate, de la ética, incertidumbre, corrupción. Si la reforma política es requisito de las reformas económicas, estamos fritos.
Nuestro electorado parece el paciente que le hace saber al médico que lo cambiará si le dice la verdad y le manda una receta que no quiere. Los aspirantes a médicos lo entendieron y usan “pan” (con dinero público que no existe) y “circo”.
Llegamos a un déficit fiscal realmente insostenible (estructural), sin haber invertido lo necesario en infraestructura, y a una debacle pensional inexorable, sin hacerle cosquillas a la informalidad. Somos la alegre rana en olla con fuego que ha subido poco a poco (aunque la rana de verdad habría saltado hace rato).
Estuvimos a punto de comprar el tiquete del populismo estatista, de incierto y doloroso regreso, y es pronto para saber, aunque hay señales inquietantes, el uso que hará de la “patente de corso” que adquirió el que nos salvó del despeñadero.
“Cambiar la política para siempre” sería atacar las causas de la corrupción político-administrativa, en primer lugar el costo de las campañas electorales, y rediseñar algunas reglas e instituciones del sistema político, como la circunscripción del Senado o el Consejo Nacional Electoral. No simplemente acabar la tolerancia presidencial con la corrupción, que está muy bien, pero si persisten las causas, los hechos de corrupción se repetirán.
“Cambiar la política para siempre” implica, entonces, una reforma política, negociada en el Congreso. Mientras vemos qué pasa, hay una pregunta importante para quienes admiramos los casos de los tigres asiáticos, pero no soñamos con un "autoritarismo desarrollista" (sea por convicción genuina o por realismo).
Esa pregunta, en esencia, es: ¿puede la democracia liberal colombiana construir, mediante incentivos económicos y reglas institucionales, una capacidad de coordinación de largo plazo para el desarrollo comparable a la que algunos gobiernos autoritarios ejercieron mediante el poder político?
Es decir, en lugar de esperar coaliciones multipartidistas programáticas y estables que mantengan el rumbo del país bajo unos pilares compartidos, lo que es muy difícil con la izquierda radical, conseguir leyes que creen arreglos en los que diversos actores tengan interés propio en sostener la transformación productiva.
Por ejemplo, una política de desarrollo agroindustrial puede vincular a productores, inversionistas, trabajadores, universidades, compradores y gobiernos territoriales. Si cada actor obtiene beneficios de una cadena productiva que funciona, no querrá asumir los costos de si la cooperación se daña. (Algo como “La reforma agraria del futuro”, 01/marzo/2026).
Tal vez hemos estado esperando un “gobierno que dé órdenes correctas” y una salida está en construir un “gobierno de los incentivos”. No se podrá sustituir toda la coordinación por autoridad que provee el gobierno, pero todo sería muy distinto con reglas presupuestales, incentivos económicos y compromisos institucionales que sobrevivan a los cambios de gobierno por una economía política democráticamente anclada a intereses.
Aprobar una legislación así sería batalla en el Congreso, y este gobierno puede darla.