MinCultura y MinInterior, a responder por cultura ciudadana
Un año sin cumplir la Ley 2262 de 2022, y la oportunidad con los planes de desarrollo territorial.
La cultura ciudadana es el recurso que nos queda para intentar remediar el fracaso de la educación en formar buenos ciudadanos, pero aquí nos importan poco el fracaso y el remedio.
Como evidencia, digamos que con una década de retraso se trabajó en una “política de Estado”, y cuando por fin sacamos la ley (2262 de julio de 2022), entonces no hacemos lo que esta ordena. Nada sorprendente, pero si no se hace algo se perderá la oportunidad de incorporar el enfoque de cultura ciudadana en los planes de desarrollo territorial 2024-2027.
La llamada a lograr algo pronto es la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda, quien lideró la ley que establece “los parámetros generales para la creación de la política pública de cultura ciudadana en Colombia”.
La Ley 2262/2022 dice que i) se creará en el Ministerio de Cultura la Dirección de Cultura Ciudadana, responsable de la ejecución de la ley; y ii) dentro de los seis meses siguientes, se formulará un “plan estratégico que permita su operativización”. Han pasado 18 meses y nada hemos visto.
Sin quitarle mérito a la desidia propia de los gobiernos, en este prefieren la cultura de la paz, “que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común” (Ley del Plan de Desarrollo), así no exista un corpus de conocimientos que la soporte.
En cambio, la cultura ciudadana es un tanto más prosaica y medible, pues busca “cambiar comportamientos contrarios a la convivencia en asuntos como tratamiento de residuos, contaminación auditiva, seguridad vial, tenencia responsable de mascotas, seguridad alimentaria, entre otros”.
No ha habido un Conpes nacional de cultura ciudadana, pero sí un Conpes en Bogotá, “Política pública de cultura ciudadana 2019-2038″, adoptado por la administración de Enrique Peñalosa, para que no se diga que el tema es solamente preocupación de Antanas Mockus.
Sin embargo, la Ley 2262/2022 permite intentar que el periodo que comienza de los mandatarios territoriales sea productivo en cultura ciudadana, así el Ministerio de Cultura no alcance a definir “las metas que asume la administración para el desarrollo de esta Política de Estado, con base en los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad” (art. 12).
Según el artículo 6, “las entidades del orden territorial deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo el componente de cultura ciudadana y promoción de los derechos y deberes ciudadanos como los principios y valores. (…) La política pública de cultura ciudadana en cada entidad territorial, deberá tener objetivos a largo plazo de diez años, vencidos los cuales deberá ser evaluada y ajustada”. Que el Gobierno nacional no haga su parte, no exime a los subnacionales de hacer la suya.
“Corresponde al Ministerio del Interior promover la estructuración de la política que trata la ley en los departamentos y municipios y deberá evaluar el impacto de la misma a nivel nacional, conforme los indicadores previamente adoptados y socializados con las entidades territoriales” (art. 6).
Bien vale el esfuerzo, entonces, que las comisiones sextas del Congreso revisen el tema.
Un año sin cumplir la Ley 2262 de 2022, y la oportunidad con los planes de desarrollo territorial.
La cultura ciudadana es el recurso que nos queda para intentar remediar el fracaso de la educación en formar buenos ciudadanos, pero aquí nos importan poco el fracaso y el remedio.
Como evidencia, digamos que con una década de retraso se trabajó en una “política de Estado”, y cuando por fin sacamos la ley (2262 de julio de 2022), entonces no hacemos lo que esta ordena. Nada sorprendente, pero si no se hace algo se perderá la oportunidad de incorporar el enfoque de cultura ciudadana en los planes de desarrollo territorial 2024-2027.
La llamada a lograr algo pronto es la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda, quien lideró la ley que establece “los parámetros generales para la creación de la política pública de cultura ciudadana en Colombia”.
La Ley 2262/2022 dice que i) se creará en el Ministerio de Cultura la Dirección de Cultura Ciudadana, responsable de la ejecución de la ley; y ii) dentro de los seis meses siguientes, se formulará un “plan estratégico que permita su operativización”. Han pasado 18 meses y nada hemos visto.
Sin quitarle mérito a la desidia propia de los gobiernos, en este prefieren la cultura de la paz, “que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común” (Ley del Plan de Desarrollo), así no exista un corpus de conocimientos que la soporte.
En cambio, la cultura ciudadana es un tanto más prosaica y medible, pues busca “cambiar comportamientos contrarios a la convivencia en asuntos como tratamiento de residuos, contaminación auditiva, seguridad vial, tenencia responsable de mascotas, seguridad alimentaria, entre otros”.
No ha habido un Conpes nacional de cultura ciudadana, pero sí un Conpes en Bogotá, “Política pública de cultura ciudadana 2019-2038″, adoptado por la administración de Enrique Peñalosa, para que no se diga que el tema es solamente preocupación de Antanas Mockus.
Sin embargo, la Ley 2262/2022 permite intentar que el periodo que comienza de los mandatarios territoriales sea productivo en cultura ciudadana, así el Ministerio de Cultura no alcance a definir “las metas que asume la administración para el desarrollo de esta Política de Estado, con base en los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad” (art. 12).
Según el artículo 6, “las entidades del orden territorial deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo el componente de cultura ciudadana y promoción de los derechos y deberes ciudadanos como los principios y valores. (…) La política pública de cultura ciudadana en cada entidad territorial, deberá tener objetivos a largo plazo de diez años, vencidos los cuales deberá ser evaluada y ajustada”. Que el Gobierno nacional no haga su parte, no exime a los subnacionales de hacer la suya.
“Corresponde al Ministerio del Interior promover la estructuración de la política que trata la ley en los departamentos y municipios y deberá evaluar el impacto de la misma a nivel nacional, conforme los indicadores previamente adoptados y socializados con las entidades territoriales” (art. 6).
Bien vale el esfuerzo, entonces, que las comisiones sextas del Congreso revisen el tema.