El cambio en el sector implica negociar con grupos de interés, no simplemente complacerlos.
La razón que explica los desacuerdos grandes con la agenda del ministro de Educación, al menos las cinco prioridades que presentó para 2023, es la diferencia de visión programática y estratégica sobre la reforma educativa que se necesita para la productividad, la equidad social y el cambio cultural.
Mediante la educación se quiere consolidar un cambio cultural que no nos ayudará con la productividad indispensable para la equidad y el bienestar social. Es decir, hay una diferencia de visión sobre la sociedad y la economía que se refleja en el rumbo de la educación.
No son ganas de fregar o el oportunismo político de quienes dicen una cosa en campaña y luego en el gobierno se contradicen. Estoy planteando esencialmente la misma visión crítica y propositiva que en el periodo pasado, y eso que había dirigido el empalme del gobierno Duque en el sector.
El ministro ha decidido convivir sin asomo de drama con la economía política de la educación, según la cual el problema es principalmente de financiación, de gastar más. A ningún grupo de interés creado, natural y legítimo, se le puede decir que debemos gastar mejor, sacar más beneficios colectivos y no aumentar el presupuesto sin revisar la actual estructura de gasto, so pena de un paro o, ahora, de una traición a hacedores del triunfo electoral del gobierno.
A las instituciones de educación superior estatales se les puede hablar de la reforma puntual de la Ley 30 de 1992 para que reciban más recursos, pero no de modificar el régimen salarial docente, que permite conocidos excesos, ni de bajarle al clientelismo en la administración, ni de relacionar claramente transferencias de la Nación con indicadores de gestión.
Es precisa una reforma integral de la obsoleta Ley 30 de 1992, pero hay que hacerse pasito y llevar la conversación pública de la educación superior como si el único problema fuera de más plata. No se trata de sacar en un periodo toda la reforma integral, pero sí de comenzarla, sin evitar la discusión del actual modelo de financiación sin solidaridad intergeneracional.
Reconoce el ministro que las limitaciones fiscales y presupuestales están afectando las metas en educación inicial, lo que es una decisión política suya y del presidente. Quieren darle matrícula cero a los que no la necesitan en educación superior, pero se muestran impotentes para financiar más educación inicial. En su visión, se sirve más a la equidad social en la educación superior; en la de otros, se sirve más atendiendo con calidad a la primera infancia.
El ministro adoptó la fórmula de Fecode: reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP) para seguir el tren de gasto en nómina docente sin que eso tenga que ver con resultados de aprendizaje de los estudiantes, porque ay si el gobierno se atreve a proponer tal cosa en la evaluación docente. Se necesita aumentar el componente de gasto en otras variables de calidad educativa, distintas de la planta docente, para acercarnos a un estándar internacional. No ser vocero de eso es una falla.
Se le agradecería al ministro que vaya abriendo la discusión a temas vedados por la economía política porque la reforma educativa no es de un gobierno, dura más, y tenemos que encontrar puntos comunes para protegerla de improvisaciones de futuros presidentes y ministros. Pero esa es otra visión estratégica.
