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Algo va del general Santander a nuestros políticos frente a la relación entre educación y cultura.
Francisco de Paula Santander tuvo un proyecto educativo, de “instrucción pública”, para expandir en el pueblo los ideales y valores de la nueva república. Con notables ejecutorias. Dos siglos después, ¿qué tienen en esta materia sus sucesores en el poder político?
En primer lugar, tienen una tenue relación con el “proyecto de nación”, pues la política se ha venido vaciando de su contenido intelectual. Y, en segundo lugar, la educación es un asunto que le dejaron al ministerio y a los sindicatos.
No son el Congreso, los partidos o la presidencia las fuentes principales de orientación de la sociedad, sino las altas cortes y los jueces, que han devenido en legisladores. Intelectualmente, los políticos (constituyentes derivados) son subordinados de los magistrados (“aristocracia de la toga”).
Esto explica que los constituyentes de 1991 hayan definido de una forma a la nación colombiana y los magistrados terminaran dándole una vuelta sin que los políticos chistaran.
El Preámbulo de la Constitución caracteriza la Nación por las aspiraciones de modernidad para sus integrantes (“la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”), no por determinados atributos de sus habitantes.
La Constitución no dice que seamos una “nación pluriétnica y multicultural”, en ninguna parte de su extenso texto. Ya se cree que sí, pero no es así. Si siempre fuimos una “nación cívico-territorial”, ¿cómo llegamos a adoptar, en 30 años, una concepción étnico-cultural de nación?
La respuesta está en el artículo siete de la Carta, que reza: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Lo que es un atributo, en buena hora reconocido por el Constituyente de 1991, el multiculturalismo importado lo volvió una definición de carácter de la nación.
A la “diferencia cultural expresiva” que constituye nuestra diversidad se le pretende elevar a “diferencia cultural radical”. Una cosa son las diferencias (expresivas) en la música, la gastronomía, la fiesta, las tradiciones (incluso con matices religiosos) y la memoria colectiva. Una riqueza que nos hace más felices.
Otra cosa son las diferencias en valores (no occidentales), una lengua propia, una cosmovisión (religiosa) y un principio de organización social diferente, con reclamos de autonomía política asociada a un territorio dentro del Estado-nación. Una fuente de tensión y de violencia a veces.
Cuando hay diferencias radicales es que cabe la definición de carácter “pluriétnico y multicultural”. Como en Colombia no las ha habido, con excepción matizada de una pequeña población originaria, le hemos dado alas a la creación o invención de tales diferencias para acomodar la realidad a la teoría.
Y ay del que se atreva a ser disidente y no use las palabras claves del lenguaje políticamente correcto. Ni con las consecuencias prácticas indeseables a la vista se puede argumentar. Ya ganaron la discusión de si somos o no una “nación cívico-territorial” con diversidad cultural porque la discusión no se puede dar.
De pronto, si Santander viviera podría compartir que “si alguien quiere tener creencias premodernas, que las tenga, pero después de haber pasado por una educación decididamente moderna”, una de mis conclusiones sobre cómo enfrentamos la pandemia, débiles en un pilar de la modernidad, la ciencia.
