El riesgo de ceder al interés gremial por interés político y perjudicar el interés general.
Ya tenemos el pliego de peticiones para la vigencia 2023-2025 de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, cuya radicación estuvo acompañada por una movilización nacional del magisterio (no clases para los estudiantes) el 28 de febrero.
El pliego es un hecho muy importante porque la negociación con la central de sindicatos de maestros desde hace varios periodos va más allá de lo previsto por la ley, lo que se relaciona con que los paros docentes ya no tienen control de legalidad. Los decreta la Junta Nacional de Fecode de modo soberano.
Es curioso: a todos nos parece que la educación es un “servicio público esencial”, o un “derecho fundamental”, y sin embargo vemos normal que se suspenda sin ninguna regulación. Olvidamos que la Constitución dice (art. 56) que se “garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”, lo que permitiría involucrar al Congreso para hallar alguna fórmula intermedia.
Haber dejado que una medida de fuerza, el paro docente, se ejerza al margen del Estado de Derecho explica que el pliego de Fecode no se limite a “las condiciones de empleo” y “los aspectos propios de la relación laboral de los empleados públicos”, lo establecido por ley, sino que invada la política educativa en general y sus principios.
En efecto, de los cinco capítulos del pliego, el primero es “Política pública educativa” con 12 puntos, algunos de los cuales son una pretensión de co-gobierno. Por ejemplo, “consensuar” con la central sindical la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP) y obligar a las secretarías de educación a revertir contratos de administración privada del servicio educativo (caso exitoso de Bogotá).
Fecode tiene claro para qué más recursos del SGP: para una “dignificación de la profesión docente” (cap. 2, 19 puntos), entendida principalmente como nivelación salarial, incremento de bonificación pedagógica (con efectos salariales y prestacionales), horas extras, ascensos y reubicaciones, primas territoriales, financiación de formación permanente, comisiones de estudios remuneradas.
Todo ese gasto habría que justificarlo y dosificarlo en relación con la finalidad de la educación: el aprendizaje y la formación multidimensional de los estudiantes. Aunque el sindicato podría intentar que su concepción de la profesión docente no parezca tan auto-referida y estrecha, le corresponde al ministerio de Educación representar el interés general, es decir, el de los estudiantes, sus hogares y el país.
Y aquí es donde resulta crucial diferenciar entre interés gremial e interés general, y saber que se trata de una negociación entre partes distintas. Ciertamente, Fecode hace parte de la coalición de gobierno, pero eso no cambia la naturaleza de sus intereses, que buscan la mayor cantidad posible de beneficios económicos para sus afiliados.
El riesgo es que el gobierno ceda al interés político de satisfacer el interés gremial o estamental (de una central sindical aliada) y crea que así le está cumpliendo al interés general. El discurso de “más recursos” como principal solución en la educación es la vía para arropar tales “consensos” (sin el “toma y dame” de las negociaciones).
Por eso la reunión que hubo con Fecode en Casa de Nariño es llamativa: esa es una carta para el final de la negociación, cuando se ha llegado a una cuestión crítica que solo puede decidir el presidente (o a varias cuestiones). No suele ser la forma de comenzar la negociación.
¿Fecode le recordó sutilmente al presidente el último favor de volcarse a las manifestaciones convocadas por el gobierno el 14 de febrero y la ministra debió entender que esos señores son “panas” del presidente y no se les puede incomodar mucho en sus pretensiones? Y que toca “consensuar”.
Pueden volver a reunirse, ojalá para que el presidente respalde al MEN, por el bien del interés general de la educación.
