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La cuota de aprendizaje es cuestionable en sí misma, pero si se pone voluntaria para mipymes y se subsidia, ganan todos.
“Se lo tendrán merecido, por… (varios adjetivos)”. Esa ha sido una reacción frecuente por el efecto que tendrá convertir el contrato de aprendizaje en un contrato laboral: menos oportunidades de formación en las empresas para los jóvenes, no solo los del Sena.
Es cierto que los estudiantes activistas o politizados del Sena jugaron un papelón en la reforma laboral, pero no es bueno el ánimo de castigar o solazarse con el mal de grupos sociales por sus decisiones políticas. El próximo Gobierno, con el primer balance de este cambio en el contrato de aprendizaje, debería proceder a corregirlo en el Congreso.
La cuestión es que se trata de una medida con mucho trasfondo. En primer lugar, le plantea al Gobierno la definición de principios de si hacer o no política social metiéndose en la gestión de las empresas. ¿Por qué el Estado tiene que obligar a las empresas a contratar a determinadas personas? La cuota de aprendizaje en sí misma está mal, impone costos y afecta la gestión.
Con las empresas se debe hacer política económica, y luego con la tributación viene la política social. Son dos lógicas completamente distintas y el Estado debería respetarlas. Que los gobiernos se metan a dar prebendas sociales con las cuentas que todavía no le cuadran a la gran mayoría de empresarios refleja prejuicio, desconocimiento y desprecio del trabajo empresarial.
Si la política económica dicta, como es claro, que necesitamos formación dual, es decir, aprendices en las empresas, le corresponde a un gobierno no abusivo ponerla como voluntaria y ofrecer incentivos a las empresas, porque si no hubiera compañías interesadas significaría que la política está mal diseñada o no tiene sentido.
La reforma laboral elevó el costo de los aprendices y de la monetización (la sanción por no incorporar aprendices), más el primero que el segundo (por lo que aumentará la monetización), lo mismo para las grandes que para las micro, pequeñas y medianas empresas. Algunos afiliados de Acopi, que creyeron que Petro los entendía, ya descubrieron que a sus ojos también son “esclavistas”, a quienes hay que exprimirles la mayor remuneración para los trabajadores, no importa si tienen que salirse de la formalidad, despedir trabajadores o simplemente cerrar sus negocios.
El próximo Gobierno podría incrementar las oportunidades de los aprendices y al tiempo apoyar a las mipymes. ¿Cómo? Volviendo voluntaria la cuota de aprendizaje para las mipymes, regresando el costo al nivel anterior y subsidiando contratos de aprendizaje con recursos del presupuesto nacional, como está en la Ley 789 de 2002 para unos departamentos y como quedó en la reforma aprobada para esos mismos y otros pocos.
Con un diseño cuidadoso, sería posible duplicar el número de contratos de aprendizaje, digamos de 370 mil a 700 mil, con una mayor tasa de enganche laboral al terminar el periodo formativo (lo que tiene un colateral con la oferta de educación técnica y tecnológica). Como el número de contratos de aprendizaje bajará, los estudiantes del Sena tendrían que escoger entre menos ganando más o muchos más ganando menos. En algún momento tienen que aterrizar en la realidad.
