El manifiesto de académicos, intelectuales y artistas en defensa del alcalde Petro es una caída del nivel del debate público colombiano.
Sin revisar que los firmantes correspondan a las tres categorías atribuidas y no sean muchos solo políticos o activistas, asumamos que este es un manifiesto fiel de un sector característico de la intelectualidad del país. ¿Aportaron ellos lo que se espera de los de su ‘clase’?
Los intelectuales en una sociedad (democrática) sirven a la construcción de la sabiduría y la verdad, bajo reglas éticas y procedimentales. Los políticos y los ideólogos sirven al poder (o a la lucha por este), bajo otras reglas. La “honestidad intelectual”, por ejemplo, puede ser deslealtad o estupidez en boca de un político. La “persuasión de las masas” no es función de un intelectual.
Con esta perspectiva, el manifiesto en defensa de Petro, titulado “Por la democracia y el Estado Social de Derecho”, y encabezado por Rubén Sierra Mejía, Medófilo Medina, Víctor Manuel Moncayo y Jaime Arocha, entre otros, muestra que un sector de la intelectualidad ha confundido su rol, tal vez por el peso de la militancia.
Y así pierde el debate público, que necesita protagonistas inequívocamente del lado de la ‘sabiduría’, la ‘verdad’, los valores compartidos, e independientes del poder. El manifiesto no es sabio porque azuza la polarización; no es fiel a la verdad porque manipula verdades parciales y toma partido rotundo en la disputa, llena de grises, de un poder contra otros poderes.
Polariza reduciendo el descontento con la administración de Petro a la “extrema derecha”. Y acude al “argumento contra el hombre”, un recurso de baja categoría intelectual. El representante Miguel Gómez es “de una familia conservadora protagonista invariable de todas las fases de la violencia política”. Suena a la misma estigmatización de la que se ha quejado la “extrema izquierda”.
Es verdad que el Estado de Derecho está a prueba en el proceso de la Procuraduría a Petro, pero aquella tiene dos caras: que el Procurador cometa una arbitrariedad contra su antiguo elector, o que desde la política y las calles se cohíba la aplicación de la ley al alcalde. Obvio que padecemos una politización de la justicia, pero esa curiosa forma ‘intelectual’ de defender el Estado de Derecho lo que hace es ahondar ese problema.
A este manifiesto por la democracia le parece mala idea “lograr la revocatoria del mandato conferido democráticamente al alcalde”. Omite que se trataría de una revocatoria democrática. Entonces sí a la democracia participativa cuando son cabildos y no en este intento de revocatoria. Estas inconsistencias se explican porque es un manifiesto político e ideológico ligado a un poder, el de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y en contra de los poderes que representan Miguel Gómez y Alejandro Ordóñez.
Si los firmantes hubieran asumido el rol de intelectuales, el manifiesto habría sido una mejor contribución al debate público. No un refrito de lo que dice el poder, Petro, con unas bonitas etiquetas de uso más bien libre.
El manifiesto de académicos, intelectuales y artistas en defensa del alcalde Petro es una caída del nivel del debate público colombiano.
Sin revisar que los firmantes correspondan a las tres categorías atribuidas y no sean muchos solo políticos o activistas, asumamos que este es un manifiesto fiel de un sector característico de la intelectualidad del país. ¿Aportaron ellos lo que se espera de los de su ‘clase’?
Los intelectuales en una sociedad (democrática) sirven a la construcción de la sabiduría y la verdad, bajo reglas éticas y procedimentales. Los políticos y los ideólogos sirven al poder (o a la lucha por este), bajo otras reglas. La “honestidad intelectual”, por ejemplo, puede ser deslealtad o estupidez en boca de un político. La “persuasión de las masas” no es función de un intelectual.
Con esta perspectiva, el manifiesto en defensa de Petro, titulado “Por la democracia y el Estado Social de Derecho”, y encabezado por Rubén Sierra Mejía, Medófilo Medina, Víctor Manuel Moncayo y Jaime Arocha, entre otros, muestra que un sector de la intelectualidad ha confundido su rol, tal vez por el peso de la militancia.
Y así pierde el debate público, que necesita protagonistas inequívocamente del lado de la ‘sabiduría’, la ‘verdad’, los valores compartidos, e independientes del poder. El manifiesto no es sabio porque azuza la polarización; no es fiel a la verdad porque manipula verdades parciales y toma partido rotundo en la disputa, llena de grises, de un poder contra otros poderes.
Polariza reduciendo el descontento con la administración de Petro a la “extrema derecha”. Y acude al “argumento contra el hombre”, un recurso de baja categoría intelectual. El representante Miguel Gómez es “de una familia conservadora protagonista invariable de todas las fases de la violencia política”. Suena a la misma estigmatización de la que se ha quejado la “extrema izquierda”.
Es verdad que el Estado de Derecho está a prueba en el proceso de la Procuraduría a Petro, pero aquella tiene dos caras: que el Procurador cometa una arbitrariedad contra su antiguo elector, o que desde la política y las calles se cohíba la aplicación de la ley al alcalde. Obvio que padecemos una politización de la justicia, pero esa curiosa forma ‘intelectual’ de defender el Estado de Derecho lo que hace es ahondar ese problema.
A este manifiesto por la democracia le parece mala idea “lograr la revocatoria del mandato conferido democráticamente al alcalde”. Omite que se trataría de una revocatoria democrática. Entonces sí a la democracia participativa cuando son cabildos y no en este intento de revocatoria. Estas inconsistencias se explican porque es un manifiesto político e ideológico ligado a un poder, el de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y en contra de los poderes que representan Miguel Gómez y Alejandro Ordóñez.
Si los firmantes hubieran asumido el rol de intelectuales, el manifiesto habría sido una mejor contribución al debate público. No un refrito de lo que dice el poder, Petro, con unas bonitas etiquetas de uso más bien libre.